El pasado 16 de octubre la organización Causa en Común presidida por María Elena Morera, le advirtió al presidente Enrique Peña Nieto la necesidad de renovar los cuerpos policiales del país y combatir la corrupción gubernamental que son los grandes responsables de la inseguridad que prevalece en el país.
Durante el Foro Nacional Sumemos Causas realizado en el alcázar del Castillo de Chapultepec, especialistas en materia de seguridad, jefes policiacos pertenecientes a corporaciones nacionales e internacionales llegaron a la conclusión de que la corrupción y la impunidad es lo que debe combatir el Estado mexicano para lograr un México en paz.
Además, la representante de la organización civil le exigió al primer mandatario mexicanos que se realice una evaluación profunda de los exámenes de confianza que se le aplican a los diversos cuerpos policiacos, aceptando que el Gobierno Federal “los ha aplicado conforme a la ley”, mientras las corporaciones estatales y municipales no lo han hecho así, debido a la infiltración del narcotráfico en las mismas.
Para demostrar la debilidad de los cuerpos policiacos, Morera le entregó a Peña Nieto los resultados del Cuestionario a Policías 2013 donde los guardianes de la ley expresaron su preocupación por la falta de incentivos, mal armamento y preparación para enfrentar a los delincuentes sin arriesgar su vida, por lo que el ejecutivo federal prometió solucionar estos problemas cuando de logre la Policía Única Nacional.
Por medio de datos duros, Causa en Común dio a conocer que uno de cada dos policías entrevistados tiene menos de cinco años colaborando en la institución, mientras cuatro de cada cinco aseguró que continuará con su carrera en la protección del ciudadano.
Es importante destacar que uno de cada 10 aseguró que tiene otro trabajo recordando que uno de cada tres remarcaron que ganan menos de 6 mil pesos mensuales, por lo que uno de cada tres considera la posibilidad de cambiar de trabajo si le ofrecieran más dinero.
Pero cabe enfatizar que tres de cada cinco policías de los entrevistados refieren que el motivo por el cual decidió ser agente de la ley es por gusto y vocación con la finalidad de “servir a la ciudadanía”, remarcando que nueve de cada 10 se siente orgulloso de su profesión, sin embargo este porcentaje disminuye drásticamente cuando se le pregunta el orgullo que siente su familia y sociedad que cae por debajo del 20 por ciento.
En relación al ambiente con sus compañeros de trabajo, nueve de cada 10 considera que es bueno, pero no ocurre lo mismo con sus superiores, por lo que el 40 por ciento no se siente a gusto con el trato que lleva con sus jefes.
NO EXISTE RENDICIÓN DE CUENTAS: IMCO
De igual manera durante el Foro Sumemos Causas, los representantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmaron que en México “no existe la rendición de cuentas”, es decir, el control sobre los gastos de las corporaciones policiacas prácticamente no existe.
Enmarca, que una parte importante de los recursos ejercidos por las entidades federativas proviene de transferencias federales, dependiendo de su naturaleza institucional en el sistema fiscal intergubernamental en México, es decir la Federación recauda alrededor de 96.4% del total de los ingresos del Estado, mientras que las entidades y municipios ejercen 47.6% del gasto gubernamental total propiciando que estos ingresos se transfieran de forma condicionada.
A pesar de que en términos formales pareciera que los recursos provenientes de fondos federales se encuentran correctamente controlados y vigilados tanto por instancias federales como estatales, distintas voces han enfatizado altos márgenes de discrecionalidad que prevalecen en el ejercicio de estos recursos.
Un ejemplo es el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2011, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirma que existe opacidad en el ejercicio del gasto federalizado e irregularidades en los procesos de control y en el logro de resultados de los cuerpos policiacos.
Como consecuencia, los recursos financieros destinados a las funciones de seguridad se han incrementado sustantivamente en los últimos años.
Sólo para el año fiscal 2013, el Congreso de la Unión asignó un presupuesto de cerca de 140 mil millones de pesos a los programas y estrategias de seguridad pública, que se distribuyen entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina (SEMAR), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Estos recursos corresponden a cerca de 3.5% del gasto federal total en el año. Aunado a los recursos federales, las entidades federativas destinan alrededor de 80 mil millones de pesos (7% de sus presupuestos totales) al rubro.
En total, invierten aproximadamente 220 mil millones de pesos, 1.6% del Producto Interno Bruto, los cuales se orientan exclusivamente a temas de seguridad pública. Éstos son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN) y el Programa de Apoyos para la Seguridad Pública (PROASP).
Los recursos transferidos a entidades, municipios y demarcaciones del Distrito Federal a través de estos fondos suman aproximadamente 17 mil millones de pesos cada año.
De los tres fondos señalados, el FASP es el que concentra la mayor cantidad de recursos (cerca de 7.6 mil millones de pesos), sin embargo no se puede comprobar su destino.
La opacidad antes descrita propicia el desperdicio de recursos públicos, rezago en la efectividad de operaciones en contra de la delincuencia organizada, no existe transparencia en las adquisiciones de insumos o equipo, la falta de transparencia reduce la confianza en los cuerpos policiacos y por supuesto se informa la corrupción.