Tras ser aprobada por 17 legislaturas locales, la mitad más uno de las que se requieren para avalar una enmienda constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, emitió la validez de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley en materia de registro público
inmobiliario y catastros, y la turnó al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dicha reforma, por la que se adicionada una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución, fue aprobada el pasado 17 de julio en el pleno de los diputados, en donde el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, del PRD, al fundamentar el dictamen dijo que tiene el propósito de otorgar seguridad jurídica a la propiedad y facilitar la traslación de dominio de los inmuebles.
Luego de su aprobación en el recinto de San Lázaro, pasó a los congresos de los estados para su ratificación, la mayoría de los cuales ya la avalaron, entre ellos Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Anaya Cortés dio cuenta del oficio que al respecto envió el Senado de la República y turnó la reforma al Ejecutivo federal para su promulgación.
En la actualidad, el catastro y la base gravable para la generación del impuesto predial, se encuentran desactualizados, además de que los registros públicos no están modernizados ni armonizados con los catastros.
Asimismo, existe dispersión de leyes, acuerdos y dispositivos normativos en materia de registro inmobiliario, lo que ha provocado políticas de gobierno encontradas o dispares.
Por ello, es necesario contar con valores catastrales actualizados y uniformes con los registros públicos, sin que ello implique cobrar más impuestos a la población, expuso ayer el diputado perredista Moreno Rivera.
Agregó que con esta reforma en materia de registro público inmobiliario y catastros, los estados y municipios tendrán una herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.
“Se fortalecerán las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios, como los impuestos predial y de traslado de dominio, lo que simboliza un paso adelante en el camino de la seguridad y la certidumbre jurídica de la que actualmente carecen la mayoría de los organismos registrales estatales”, concluyó.
Cabe mencionar que, con esta reforma, se faculta al Congreso federal a expedir la Ley General que armonice y homologue la Organización y el Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales de las Entidades Federativas y los Catastros Municipales.