Senadores asumieron el compromiso de incluir en la agenda legislativa el tema de las guardias comunitarias, a fin de establecer las bases sobre las cuales éstas puedan ser consideradas como un derecho legítimo de defensa de la población.
En el marco del Foro: Seguridad en las comunidades de origen de migrantes mexicanos “Caso Michoacán”, realizado dentro de la Semana del Migrante, las senadoras Rocío Pineda y Layda Sansores manifestaron su convicción de atender el tema de las guardias ciudadanas dentro del trabajo en torno a la migración que realiza un grupo de legisladores del Senado y la Cámara de Diputados.
Lo anterior tras escuchar a la diputada local Selene Vázquez Alatorre, Luis Alberto Rivera Gutiérrez de la Fundación Coalcoman y el poblador Javier Morfín Magaña, quienes describieron la grave situación en la entidad en materia de seguridad, con la presunción de complicidad entre autoridades del gobierno y del Ejército con la delincuencia organizada.
En su intervención, la diputada local Selene Vázquez apuntó que la población vive con temor, e incluso “el miedo también invade a los funcionarios y a los servidores públicos”.
Por ello, destacó, existe una gran cohesión social a favor de las guardias comunitarias: “La gente está contenta porque se reveló, se está gestando una revolución silenciosa, una revolución muy sufrida porque el Estado mexicano no se ha querido dar cuenta de lo que está sucediendo”.
Indicó que en las guardias participan adolescentes, mujeres y personas mayores, por lo que manifestó su satisfacción por el “ligero viraje” de la percepción del gobierno sobre lo que ocurre en Michoacán, donde “hay una guerra de baja intensidad, gente muriéndose todos los días porque en las orillas del territorio libre -gracias a las guardias comunitarias- hay una sangría permanente, tan sólo en la ciudad de Morelia matan dos o tres personas, diario”.
Bajo este argumentó, llamó al Gobierno Federal “a que abra sus ojos y nos ayude, es muy importante para los michoacanos saber que el gobierno nos está escuchando”.
En este contexto, Luis Alberto Rivera Gutiérrez de la Fundación Coalcoman, solicitó su intervención al Senado: “Como representantes de los intereses de lo estados, pedimos que lleven a cabo un esfuerzo inédito, sin precedentes y acudan pronta y personalmente a encontrarse con la ciudadanía coalcomanense que espera ansiosa y emocionada que, por primera vez, en un ejercicio democrático e institucional, los senadores y los ciudadanos se sienten en la misma mesa, se escuchen y dialoguen para encontrar las mejores soluciones”.
Esto bajo la convicción de que hay vías legislativas de solución a la inseguridad que priva en el país: “La solución puede comenzar aquí, en el Senado de la República, como artífices de la legislación federal, para asegurar que las verdaderas causas de la desarticulación del tejido social nacional, tal como la migración forzada, sea atendida con políticas adecuadas, actualizadas, y no fuera de la realidad”.
Javier Morfín Magaña coincidió en la importancia del contacto entre la ciudadanía y el Legislativo: “Nosotros los coalcamanenses y creo que todo el país, no creemos en ninguna promesa que haga el gobierno, creeremos cuando veamos resultados, porque toda la vida ha habido promesas, nos las sabemos de memoria, pero queremos ver resultados”.
Rechazó las declaraciones del mandatario estatal Fausto Vallejo de que ha retornado la tranquilidad a la entidad: “Yo invito al Gobernador a que vaya a Coalcoman y a sus pueblos vecinos, que vea, porque no creo que tenga la base para que diga que no pasa nada en Michoacán”.
Morfín Magaña y Rivera Gutiérrez coincidieron en indicar que existen evidencias de una presunta complicidad entre autoridades con la delincuencia organizada en Michoacán, pues integrantes de algunas bandas, como la de Los Templarios, declararon que fueron funcionarios del gobierno y del Ejército quienes les entregaron la lista de los dirigentes de las guardias comunitarias.
Incluso, apuntaron, se ha visto juntos a los cabecillas de las bandas delictivas con elementos del Ejército, quienes argumentaron en principio que no sabían que trataban con delincuentes.
Ante ello, reprocharon que el Ejército Mexicano y la Policía Federal “se le echen encima al pueblo” y combatan a las guardias comunitarias, mientras que no se ataca a las cabecillas criminales, e incluso se les deje en libertad aun cuando les fueron entregados con pruebas y sus propias declaraciones sobre su culpabilidad al participar en el narcotráfico, asalto y otros ilícitos.
Por su parte, el general Francisco Gallardo Rodríguez expuso que en Michoacán y otros estados como Guerrero, ha sido palpable que gracias a las guardias comunitarias los índices de criminalidad pueden bajar hasta 97 por ciento, “entonces si el gobierno está viendo esta situación, yo no sé por qué están tratando de impulsar más elementos de Policía Federal y del Ejército, aparte una Gendarmería, que no le veo cuadratura y no creo que vaya a funcionar”.
Se pronunció también a favor de la intervención del Senado: “Ojala que salga un proyecto de reforma que impulse el establecimiento de la guardias ciudadanas como un derecho constitucional para defenderse de la delincuencia e incluso de los abusos de poder de la autoridad”.
Tras escuchar lo anterior, la senadora Rocío Pineda asumió el compromiso: “Que estas aportaciones que nos dan, queden en una agenda que nosotros debemos de construir con seriedad y compromiso; no se trata de bajarles el cielo y las estrellas, porque como también lo dicen, ya no más promesas, sino aspectos concretos”.
Consideró que durante el foro se presentaron grandes avances, pues “así como nos exponen toda la problemática, también nos dan la solución al apuntar que no todo es armas o violencia sino que parte de la solución es el trabajo conjunto para emprender programas sociales que atiendan tantas necesidades que el pueblo tiene”.
En lo anterior coincidió la senadora Layda Sansores, al apuntar que el tema de la inseguridad de los migrantes y de la alternativa de protección de las guardias comunitarias habrá de integrarse en la agenda legislativa.
Confió en que habrá respuesta pronta por parte del Legislativo, pues se ha integrado un “buen equipo” con legisladores de diversas fuerzas partidistas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, “que uniendo nuestro esfuerzo y convicciones vamos a poder hacer algo por Michoacán y todo el país”, concluyó.