El Senado de la República aprobó imponer penas más severas a todos aquellos servidores ó ex servidores públicos y privados de seguridad que incurran en el delito de extorsión.
Para este fin, el pleno del Senado avaló la modificación del artículo 390 del Código Penal Federal, proveniente de la Cámara de Diputados, la que precisa que se aumentarán las penas si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, por servidor público o ex servidor público.
O bien, expone, por miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o prestador de servicios de seguridad privada regulado por la Ley Federal de la materia, o de las Fuerzas Armadas.
Se impondrá además al servidor o ex servidor público y al miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público.
Destaca que sí se trata de un miembro de las fuerzas armadas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le dará de baja definitiva de la Fuerza Armada a la que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisiones públicos.
Sobre este asunto, al hacer uso de la palabra a favor del dictamen, el senador perredista Benjamín Robles Montoya aseveró que se trata este problema se trata de un fenómeno que urge atender a profundidad y eficacia, haciendo uso de todas las herramientas legales con que cuenta el Estado.
Arremetió contra todos aquellos servidores o ex servidores públicos o privados de seguridad que se sirven de sus puestos o de la información con la que cuentan para agraviar a la población.
Por ello, aseveró, la penalidad debe ser mayor en el caso de estos delitos que usa esa información o ejerce esa autoridad para obtener ventaja.
En su momento, al hablar sobre este tema, el senador David Monreal Ávila dijo que es indispensable que México cuente con seguridad y la paz social, pues aseguró que de lo contrario no habrá progreso ni tranquilidad para la sociedad.
Consideró que una forma de disminuir estos delitos, es endureciendo las penas para aquellas personas que tienen una condición privilegiada por pertenecer a un cuerpo policiaco, o bien que pertenezcan alguna corporación de seguridad pública o privada.
Aseveró que no se puede permitir que continúen con estas prácticas y “peor aún que los responsables no sean castigados”, por lo que subrayó que se necesita dar certeza y seguridad a la ciudadanía para recobrar la paz social.
Cabe destacar que el dictamen fue aprobado por 105 votos a favor tanto en lo general como en lo particular, por lo que el mismo fue regresado a la Cámara de Diputados con las modificaciones realizadas.