A partir del próximo año, todos los sindicatos, las Cámaras del Congreso, los gobiernos de los estados y municipios, así como los partidos políticos, estarán obligados a informar el destino de cada peso del erario público, y ninguna entidad que reciba dinero del erario público, podrá ocultar la información cuando ésta le sea requerida.
Lo anterior gracias a las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política que en materia de Transparencia que fueron aprobadas el pasado 26 de noviembre, afirmó la diputada Adriana Fuentes Téllez, y aclaro que con ello, “se garantiza hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos”.
La legisladora federal por el Distrito Uno con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo en entrevista que con esta reforma también se amplían, las facultades del organismo y se fortalece su gestión y autonomía. Sin embargo, aclaro que existen dos razones para reservar de manera temporal la información: cuando sea de interés público o de seguridad nacional.
De esta manera se da plena autonomía al nuevo órgano garante, ya que además de fortalecerlo, los comisionados pasarán de cinco a siete, y serán elegidos por el Senado. “Ya no se podrá abusar de la reserva como se hizo en administraciones anteriores. No sólo se llevaba a cabo esa práctica al extremo y sin mayor justificación, como lo documentó en su momento el propio IFAI ante los legisladores. Tampoco existía hasta hace unos años una normatividad exacta que obligara a la preservación y clasificación de los archivos bajo custodia de las autoridades. Ahora existen responsables y responsabilidades de resguardar la documentación y la información”.
En cuanto a los recursos de revisión, dijo que se concedió esa facultad al consejero jurídico del gobierno, de quien dijo: “Podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley y sólo en caso de que las resoluciones del órgano garante puedan poner en peligro la seguridad nacional”.
La legisladora también explicó que en la reforma, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado “sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación” del nuevo órgano garante.
Mientas que la opacidad en la rendición de cuentas en estados y municipios, “las modificaciones están orientadas a crear un órgano autónomo constitucional, encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia. También, para facultarlo a actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los institutos de los estados para asegurar el derecho de acceso a la información”, dijo la legisladora.
De esa forma, los gobiernos de estados y municipios en la República no podrán ocultar, dilatar o negar la información que les sea requerida por cualquier ciudadano que así la solicite, en el momento que crea oportuno.
La rendición de cuentas y la transparencia son sinónimo en una gestión de un gobierno democrático. “De tal manera que con la aprobación de la reforma en la materia se contribuye con el presidente de la República a cumplir un compromiso que es obligatorio en toda la administración pública”, subrayó