Ante la situación crítica que viven millones de mexicanos afectados por el hambre, sobre todo quienes habitan en comunidades rurales y urbanas, en donde incluso se tienen áreas poco rentables, amenazadas por la sequía, inundaciones y deslizamientos de tierra, la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios prepara la Ley General del
Derecho a la Alimentación.
En ella deberá determinarse la elaboración de un padrón que identifique a quienes serían sujetos de este derecho y a los obligados a ejercerlo, con la finalidad de garantizar una alimentación adecuada a todos aquellos que siguen sufriendo de hambre en el país.
Para ese propósito se inauguró este lunes en el recinto legislativo de San Lázaro el diálogo “La producción de alimentos y el derecho a la alimentación en México”, en el que representantes de organizaciones como Alimentarme es mi derecho, Foodfirst Information And Action Netword (FIAN México), Red Indígena de Turismo de México A.C, y OXFAM México, entre otras agrupaciones, expresaron sus propuestas de solución a la problemática del hambre en nuestro país.
Al poner en marcha este encuentro, la presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, diputada Gloria Bautista Cuevas, advirtió que “no podemos seguir dependiendo del extranjero y consumir productos importados”.
Refirió que lo que se busca con la nueva Ley es garantizar el respeto, protección, promoción y vigencia plena del derecho a la alimentación -consagrado en la Carta Magna-, mediante la coordinación de acciones por parte de la Federación, entidades y municipios.
La Ley General del Derecho a la Alimentación se elabora en coordinación con el Frente Parlamentario contra el Hambre que, junto con diputados de las distintas fracciones parlamentarias, busca establecer disposiciones para crear programas de acceso a la tierra y uso de terrenos y espacios públicos en zonas rurales y urbanas, para la producción familiar y distribución de alimentos.
Recientemente la Comisión aprobó un documento base de dicha Ley que servirá para definir los sujetos a este derecho, órganos responsables, procedimientos a través de los cuáles se verifique su ejecución, los financiamientos que se requieran y la concordancia con las autoridades de los estados y municipios.
En dicho documento se precisa que en la Ley se buscará también establecer la responsabilidad de los que no cumplan, la exigibilidad tanto de administrativos como jurisdiccionales y la participación de la sociedad civil organizada.
La diputada Bautista Cuevas, del PRD, resaltó que es necesario un encuentro con organizaciones e interesados en el derecho a la alimentación, a fin de dialogar sobre la producción campesina e indígena y generar propuestas que fortalezcan el proyecto de iniciativa.
Detalló que las ideas que se reciban ayudarán a integrar un marco jurídico que establezca las bases para el combate al hambre, la carencia alimentaria, la pobreza y la injusticia social.