Con una mayoría calificada de 409 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general, la minuta que reforma -por primera vez en la historia desde el Congreso Constituyente- 31 artículos de la Constitución en materia político-electoral, con lo que se abroga el principio de la no reelección para los casos de
legisladores locales y federales, por lo que estos podrán reelegirse hasta en tres ocasiones para completar 12 años de ejercicio.
Se crea además el Instituto Nacional Electoral (INE) y se garantiza la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres.
Los diputados le hicieron a la minuta senatorial nueve modificaciones. Entre ellas destaca el mantener la facultad de la Cámara de Diputados para nombrar a los integrantes del Coneval; le devuelven la facultad a la Comisión Permanente para nombrar a embajadores y cónsules, y establecen que la reelección tanto para diputados y senadores será a partir del 2018, por lo que los diputados federales de la próxima Legislatura no gozarían de los beneficios de esta ley.
También se le incorporó la palabra “valida” en la redacción del artículo 41 para que, al definir el umbral que permitirá retener el registro del partido político, sea el tres por ciento de la votación y no total.
El dictamen de la minuta aprobada señala que el INE será un organismo con autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. También podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.
Además, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como un Consejo General conformado por un presidente y 10 consejeros electorales.
La elección de los nuevos consejeros estará a cargo de la Cámara de Diputados y un Comité Técnico, integrado por académicos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los consejeros serán, a su vez, los encargados de elegir a los consejeros de los organismos electorales de cada entidad federativa.
También se sugiere que la organización de las elecciones debe ser una función estatal que se realice a través del INE y de los organismos públicos locales. De esta manera, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos de las entidades federativas, en los términos de la Constitución.
Se dispone que la ley establezca un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
El dictamen también estima que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
Asimismo, plantea que el Congreso de la Unión expida las leyes generales que regulen a los partidos políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales, a más tardar el 30 de junio de 2014, así como las normas que establezcan las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas.
Se precisa que estas denuncias serán aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.
La discusión de la minuta de la reforma político-electoral se inició alrededor de las 14:00 horas, con la presentación de cuatro mociones suspensivas para frenar el debate, a cargo del mismo número de legisladores.
Las propuestas de los diputados Carol Antonio Altamirano (PRD), Luisa María Alcalde Luján (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Javier Orihuela García (PRD) fueron rechazadas por la mayoría del Pleno.
Luego los grupos parlamentarios fijaron su posición sobre el tema, a través de Luis Antonio González Roldan, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del PT; Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Verde; Silvano Aureoles Conejo (PRD), Fernando Rodríguez Doval (PAN) y Arnoldo Ochoa González, del PRI.
A favor del dictamen hablaron los diputados Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Consuelo Arguelles Loya (PAN), Carlos Augusto Morales (PRD), José Alfredo Botello Montes (PAN) y José Luis Flores Méndez (PRI).
En contra se pronunciaron Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), Lilia Aguilar Gil (PT), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), Gerardo Villanueva Albarrán (MC) y Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD).
“Un Madero impulsó la No Reelección y otro Madero regresa 100 años las manecillas de la Historia”: Rosendo Filigrana
Durante la sesión, diputados perredistas de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), denunciaron que la reforma política impulsada por el PRI y el PAN es un vergonzoso trueque oscurantista que les permitirá cometer el mayor atraco a la nación: la reforma energética.
Afirmaron que esta reforma entraña consecuencias graves para la estabilidad política de la nación, porque no beneficia a la sociedad, sólo conviene a políticos que se quieren perpetuar en el poder, que quieren un régimen dominante y niegan la existencia de los institutos políticos minoritarios.
Utilizando la vía rápida para su aprobación, dijeron, la Cámara de Diputados se desentendió de su norma interna de funcionamiento y como si fuera cualquier asunto irrelevante se le dio un trámite contrario al del análisis profundo de tan relevantes temas que se prevén modificar de nuestra ya golpeada y desahuciada Carta Magna.
No es casual que se apruebe la reelección legislativa sin incorporar la revocación de mandato, sin tomar en cuenta que los mexicanos no quieren la perpetuación de sus autoridades ni representantes populares en los cargos. El pueblo de México no olvida que la lucha contra la reelección fue la Revolución de 1910 y sus funestas consecuencias.
Esta regresión, aclaró el diputado Marcos Rosendo Filigrana, es que “un Madero impulsó y luchó por la no reelección y otro Madero manda a sus huestes a regresar 100 años las manecillas de la Historia”.
Agregó que no hay garantía de que una larga gestión pueda hacer funcionar un cargo público si éste no va acompañado de la figura democrática de revocación de mandato. Pero pareciera que a esto no le dan importancia los diputados del PRI, PAN y sus aliados, porque lo que buscan es que al depositar la moneda de cambio se enciendan las luces de la reforma energética.
“Intercambian un mal por otro mal, esa es la esencia de la reforma votada hoy. Por ello, no avalamos la perpetuación de cacicazgos en presidencias municipales, diputaciones y senadurías. La reelección de legisladores y ayuntamientos es un primer paso para después hacerlo con el titular del Ejecutivo federal”, advirtió.