El Congreso de México declaró el miércoles válida y constitucional una histórica reforma energética que pone fin a más de siete décadas de monopolio estatal en materia petrolera y permite de manera amplia la participación de empresas privadas en la producción de crudo.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el panista Ricardo Anaya Cortés, declaró la constitucionalidad de la reforma energética y la turnó al Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación.
El legislador informó que fueron 24 estados los que regresaron aprobado el dictamen de tal reforma, con lo que se certifica la modificación de los Artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.
"Con fundamento el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se declaran reformados y adicionados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética", dijo Anaya ante los integrantes de la Comisión Permanente reunidos en el salón verde del palacio legislativo de San Lázaro.
Los congresos estatales que ratificaron el dictamen son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Cabe recordar que de acuerdo con la ley en el caso de reformas constitucionales se necesita no sólo la aprobación del Congreso federal bicameral sino de al menos 17 de las 31 legislaturas estatales.
El presidente Enrique Peña Nieto, de gira por Turquía, dijo esta semana que sólo esperaba que concluyera todo el proceso legislativo para promulgarla.
La reforma, a la que se opusieron los distintos partidos de izquierda, permitirá al gobierno dar contratos y licencias a empresas nacionales y extranjeras para que participen en la exploración y producción de crudo y gas, algo que hasta ahora era monopolio de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las modificaciones tocan fibras sensibles en un país que en las últimas décadas ha visto al petróleo como un símbolo de soberanía y nacionalismo, desde que esa industria fue nacionalizada en 1938.
"Son días negros para la república", dijo el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del partido izquierdista Movimiento Ciudadano, quien consideró que con la reforma se borra uno de los "principios históricos" del país como fue la nacionalización de la industria petrolera.
La reforma fue respaldada por el PRI y el PAN, que han dicho que la única manera de revivir la alicaída industria petrolera en el país es con la participación de empresas nacionales y extranjeras, debido a que Pemex no cuenta con la tecnología ni con los recursos necesarios para aumentar la producción de crudo que desde 2004 ha caído un 25%.
"Se ha dicho que nuestra soberanía está totalmente asociada a un monopolio, a un monopolio de Estado, que es Pemex", dijo el senador Javier Lozano, del PAN, para quien "esta reforma no debe de ser un dogma ideológico, sino un asunto técnico".
Manlio Fabio Beltrones, diputado del PRI, dijo que la reforma permitirá "salir de la mediocridad en la que nos hemos encontrado por muchos años" y aseguró que los opositores a la iniciativa no han presentado argumentos sino "descalificaciones" y "consignas maniqueas".
Una vez que se promulgue, autoridades y legisladores deberán trabajar en la adecuación de leyes secundarias en las que se detallará la instrumentación de la reforma.
La energética es la principal pieza de una serie de reformas promovidas por el presidente Peña Nieto en sectores como la educación, el sistema fiscal y las telecomunicaciones.