La Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside Omar Fayad, pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el supuesto apoyo del gobierno del Guerrero a los grupos de autodefensa.
Al presentar el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plascencia Villanueva señaló que es inaceptable que las comunidades tengan que asumir de manera permanente cargas públicas que no les corresponden, que pueden llegar a traducirse en reductos de poder en los que se ejerzan prácticas injustificables e ilegales.
Reiteró su preocupación por los peligros y retrocesos que representa la existencia de estos colectivos; sostuvo que la situación, lejos de normalizarse, se agrava y estas organizaciones aumentan cada vez más.
Indicó que la CNDH observa con inquietud la postura del gobierno de la entidad, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento. Ahora se está dando la detención de sus integrantes, sin que al momento se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento.
Luego de meses de investigación, la CNDH advirtió la presencia de los mencionados grupos de autodefensa en las siete regiones de Guerrero, así como en 46 de los 81 municipios del estado; en ellos habitan 2 millones 307 mil 169 personas, que representa el 65.47% de la población total de la entidad.
El doctor Plascencia Villanueva indicó que la seguridad pública del estado enfrenta un momento muy sensible y delicado, no sólo en el número de delitos que diariamente se cometen sino por la violencia presente en su comisión, así como por las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad, lo cual conlleva a que los derechos humanos se vulneren día con día.
Comentó que como consecuencia de las lamentables condiciones sociales, la falta de respuesta eficaz del estado y el vacío que generaron las autoridades estatales y municipales, varios grupos han decidido tomar el control para defenderse de la violencia e inseguridad que invaden sus comunidades.
Ello provoca, dijo, un nuevo escenario de inseguridad pública, que se ve reflejado en fuertes espirales de violencia, ante las cuales grupos de la sociedad toman la “justicia por propia mano”, en razón de la impunidad y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública fundamental.