Un Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, fue recibido por la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se reconoce que estos grupos están vinculados con factores socioeconómicos, así como la inseguridad y violencia que imperan en la entidad.
El Informe especial Indica que no existe justificación para que los grupos comunitarios estén llevando a cabo estas labores de defensa y seguridad pública; tampoco hay justificación del abandono de la función del gobierno, que en el caso de algunas regiones de Guerrero se ha dejado en manos de la sociedad.
El documento turnado a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a las de Derechos Humanos y de Seguridad Pública del Senado de la República precisa que el uso de la fuerza por parte de los miembros de la sociedad vulnera el artículo 17 de la Constitución Política, y entraña un riesgo fundado de que la espiral de violencia se recrudezca y se constituya en un factor que afecta la gobernabilidad e impida la recuperación de la seguridad pública.
Además menciona que debido a que estos grupos surgieron con el objetivo de abatir la delincuencia y las condiciones apremiantes de violencia de sus comunidades, “desaparecer su función sin desaparecer la causa que los origina implicaría dejarlos de nueva cuenta en un estado de desamparo y desprotección”.
También se precisa que la organización y la participación de la sociedad en labores de prevención del delito, así como las bases de coordinación y la colaboración son valores que deben preservarse por los sistemas de seguridad pública; sin embargo, “ello de ninguna manera implica que las autoridades estatales claudiquen de las funciones que les son propias y exclusivas”.
La CNDH destaca que las autoridades deben buscar la coadyuvancia y colaboración de la sociedad en múltiples aspectos del combate a la inseguridad, pero eso no implica que sean las personas quienes ejerzan por su propia mano esas funciones.
No obstante rechaza cualquier delegación que pretenda que su satisfacción corra a cargo de los miembros de la sociedad, ya que es la autoridad estatal la responsable de tomar las acciones que permitan recuperar la seguridad y el orden público.
Para lograr estos objetivos, subraya, es importante establecer mecanismos adecuados de solución pacifica de conflictos para canalizar y resolver los problemas que imperan en estas comunidades de Guerrero, a través de un diálogo constante con la sociedad, y en particular con las comunidades indígenas.