A partir de hoy la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVICTIMA) tendrá las facultades para ser actor central del sistema de justicia penal en la investigación de delitos de alto impacto, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
Con ello se contempla la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros a esta última, a fin de avanzar en su consolidación, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley General de Víctimas.
La Comisión Ejecutiva es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en la materia, que tiene por objeto establecer y supervisar las directrices que se implementen para la protección, ayuda, asistencia y reparación integral a éstas, en los ámbitos federal, local y municipal.
Sus integrantes fueron elegidos por el Senado de la República, de entre siete ternas propuestas por el Presidente, a fin de dar cumplimiento a la Ley.
Segob señala que al publicar el presente Decreto, se reitera el compromiso del Gobierno de la República con un nuevo esquema de atención a víctimas, que garantice sus derechos y contribuya a la cimentación de una sociedad de pleno respeto a las garantías fundamentales.
La dependencia recordó que se cumplió un año de que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, publicó la Ley General de Víctimas, legislación de alcance nacional, sin precedente, que cumple con los más altos estándares internacionales, ya que contempla la asistencia, protección, atención, indemnización y restitución de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.
Destaca que en este sentido, y por instrucción presidencial, trabajará en los próximos años en una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno y la Comisión Ejecutiva, en materia de atención a víctimas y en la armonización del marco jurídico de las entidades federativas, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.