Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de México que garantice que las autodefensas, milicias civiles que combaten desde hace un año al narcotráfico en la región de Michoacán, respeten las normas internacionales de derechos humanos.
"No estamos convencidos de que tener grupos de autodefensas sea la solución" a la situación de violencia que vive esa región, dijo en conferencia de prensa Salil Shetty, secretario general de AI, durante su primera visita a México.
El lunes, Shetty se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para expresarle la preocupación de su ONG -con sede en Londres- respecto a la violencia en México, y este martes, la organización difundió un memorándum.
El gobierno mexicano "debe asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como los grupos de autodefensa, respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la prohibición de otras violaciones de derechos humanos", señaló Amnistía Internacional en el texto, que hace un balance de los retos del país en la materia.
Las autodefensas se formaron en comunidades rurales de Michoacán bajo el argumento de que las autoridades no actuaban para defender a la población de las extorsiones, secuestros y asesinatos perpetrados por el cártel local Los Caballeros Templarios.
En los últimos meses, las autodefensas se han ido haciendo con el poder de numerosos municipios de Michoacán. En enero, el gobierno llegó a un acuerdo con los líderes de estas milicias para que sus integrantes se puedan incorporar a un cuerpo legal de seguridad y mantener sus armas, aunque antes deben registrarlas ante las autoridades.
"Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta" a la "negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social y derechos humanos", alertó AI.
Pero las labores de seguridad y la protección de derechos humanos son obligación del Estado y no se puede hacer un "outsourcing" (subcontratación) en esa materia, añadió.
En cuanto a la situación general de los derechos humanos en México, el dirigente de AI dijo que la preocupación es tal que tiene previsto abrir una oficina especial para el país.
La organización internacional advierte que muchas zonas de México siguen padeciendo una "alarmante situación de inseguridad" y que las consecuencias del despliegue militar contra el narcotráfico lanzado por el expresidente Felipe Calderón a finales de 2006 "han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones".
"Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitraria, continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma", subraya la ONG.
Además de Michoacán, en regiones como Veracruz, Guerrero y las fronterizas Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, la violencia y las violaciones a los derechos humanos "son una amenaza diaria para la población" pero reciben "poca atención" de las autoridades.
Peña Nieto defiende la estrategia de seguridad de su gobierno y ha asegurado que los niveles de violencia se redujeron el año pasado.