Grandes empresas como la telefónica mexicana América Móvil, del magnate Carlos Slim, y la televisora Televisa, de Emilio Azcárraga, estarán sometidas a una supervisión más estrecha y a penas más duras en el mercado mexicano, según el proyecto de leyes secundarias enviado el lunes por el Gobierno al Congreso.
El paquete, que incluye desde una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones hasta cambios en varias otras legislaciones como el código penal, contempla desde ingentes multas pecuniarias hasta la revocación de las concesiones a empresas que sean encontradas en falta.
El proyecto obliga al operador preponderante en telecomunicaciones, América Móvil, a solicitar la aprobación del nuevo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en temas como planes de tarifas, interconexión y compartición de infraestructura.
El proyecto de legislación secundaria, que aún debe ser aprobado por el Congreso, es el elemento faltante de una reforma constitucional de telecomunicaciones aprobada el año pasado con la que el Gobierno busca limitar el poder de mercado de operadores preponderantes.
El IFT, creado a partir de la reforma constitucional, ya decretó a principios de mes que América Móvil, con más de 70 por ciento de los teléfonos móviles y 80 por ciento de los fijos de México, y Televisa, la líder de audiencia en televisión abierta, son preponderantes y deben someterse a reglas más duras que sus competidores.
INGRESOS DE EMPRESAS EN LA MIRA
La ley establece la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones puedan ser multados con hasta un 5 por ciento de sus ingresos en México, en casos como la suspensión injustificada del servicio en áreas donde un operador sea el único prestador, o la prestación de servicios no autorizados.
Los ingresos, según el proyecto, "serán los acumulables ... del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo corresponde al ejercicio fiscal anterior".
Y además establece que en el caso de reincidencia, el IFT podrá duplicar las multas.
Adicionalmente, el organismo tendrá autoridad para revocar las concesiones de los operadores que suspendan injustificadamente por más de 24 horas el servicio de telecomunicaciones en más del 50 por ciento de su área de cobertura, o por más de tres días en el caso de radiodifusión.
En un artículo del proyecto, que reforma disposiciones en el código penal, también de establece penas de hasta tres meses de prisión a empleados de empresas de telecomunicaciones que revelen indebidamente información sobre los usuarios.
El presidente Enrique Peña Nieto, el promotor de la reforma, dijo el lunes en su cuenta de Twitter que la reforma "permitirá el desarrollo de un sector estratégico para nuestra competitividad económica y la calidad de vida de los mexicanos".
Y en una conferencia de prensa para anunciar el envío de la iniciativa, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que la legislación fortalece al IFT y es compatible con decisiones ya tomadas por ese instituto.