La senadora Pilar Ortega Martínez, del Partido acción Nacional, presentó una iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de establecer un marco jurídico general en materia de delitos electorales, reglamentaria al artículo 73 de la Constitución.
La iniciativa busca establecer los tipos penales, punibilidades, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.
La propuesta busca crear un proyecto claro y preciso en el régimen de competencias respecto de las sanciones por delitos cometidos en materia electoral.
Si el delito es cometido por un servidor público se impondrá la inhabilitación de uno a cinco años, y en su caso la destitución del cargo, así como la suspensión de los derechos políticos por un periodo de uno a diez años.
Establece multas que va de los 10 a los 500 días de salario mínimo y penas de tres a nueve años de prisión.
Prevé formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración, y un sistema de formación, actualización y capacitación.
Además incluye protocolos de investigación, intercambio de información y establecimiento de estadísticas correspondientes de la comisión de delitos previstos en la ley.
Se propone la existencia de una fiscalía especializada en materia federal y contar con personal especializado en las entidades.
En la tribuna la senadora Ortega Martínez dijo que con la propuesta se pretende establecer las bases legales idóneas para la sanción de todas aquellas conductas que atenten contra la voluntad popular y el debido desarrollo de los procesos electorales.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.