Debido a un fuerte conflicto de intereses económicos y políticos que existen entre un grupo de senadores liderados por Javier Lozano y las empresas concesionarias del servicio ferroviario, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se encuentra detenida en comisiones de la Cámara Alta, denunció el diputado Abel Guerra Garza, y advirtió de ser necesario legisladores realizarán un activismo para que la sociedad exija la pronta aprobación de esta reforma.
El diputado integrante de la comisión de transporte en la Cámara de Diputados, por el PRI, habló para EL PUNTO CRITICO, y denunció que la minuta que en enero pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y que fue turnada al Senado para su análisis y aprobación, está “atorada”, porque no conviene a los intereses de las empresas concesionarias al resistirse a perder su monopolio en la prestación de servicios de carga.
Se dijo preocupado, al igual que los integrantes de la comisión de transporte, porque su propuesta que realizó al Congreso de la Unión, sea bloqueada para beneficiar a las empresas que hasta el momento tienen la concesión del servicio del transporte de carga del país. “Evidentemente estamos preocupados porque sentimos que hay un bloqueo por parte del presidente de la comisión del Senado –Javier Lozano Alarcón- por las presiones públicas que ha revelado.
Aseguró que la propuesta de la minuta que el propio diputado Abel Guerra elaboró, para terminar con el monopolio de las concesionarias ferroviarias, ha recibido fuertes críticas por parte del Senador Lozano, quien la ha calificado como “una república bananera”, lo que evidencia que “es un conflicto de intereses, porque el señor lozano fue funcionario de la SCT, cuando se dio la privatización. No son presiones, son negociaciones que huelen feo”.
En este sentido, evidenció que estas declaraciones no solo afectan a los diputados de todas las fracciones de la Cámara de Diputados, quienes en su momento apoyaron en mayoría la iniciativa, sino que también a la consulta que se realizó a expertos en la materia así como usuarios que acudieron a los foros que para tal efecto se realizaron.
Las declaraciones que ha realizado, el senador Lozano son adversas a lo que dijo frente a los expertos que acudieron a los foros, y donde todo el mundo habló a favor de la iniciativa y de la que él´, al día siguiente, se burló de los expositores. Hizo declaraciones contrarias a lo que se dijo, que no corresponden al nivel de un legislador, y que faltan al respeto a la Cámara de Diputados, en las que argumentó: “solamente en una república bananera se hace lo que se hizo aquí”.
El diputado recordó que la iniciativa fue recibida en el Senado con un foro al que asistieron representantes de la UNAM, Politécnico, Canacintra, Canaco, la Asociación Nacional de Agentes Aduanales, quienes utilizan a menudo el transporte de carga, y quienes no sólo aplaudieron la iniciativa, sino que la probaron argumentando que no atenta contra el estado del derecho, quitando una concesión, como en su momento lo afirmaron los empresarios concesionarios.
EMPRESAS CONCESIONARIAS SE DEFIENDEN
EL diputado por Nuevo León, consideró que las empresas que prestan actualmente el servicio en el país, Kansas City, Ferrosur y Ferromex, pretenden continuar ofreciendo sus servicios con la ventaja de ser monopolios y continuar actuando con exclusividad cobrando tarifas en el transporte de carga que no tienen ningún tipo de control y que solo perjudican a los usuarios del país.
“Estas empresas actúan, con la venta de ser monopolios, que tienen exclusividad y que ningún otro país en el mundo se los permitirían. Ni en su propio país. En Estados Unidos, estas prácticas monopólicas se erradicaron hace más de 20 años. Allá se tienen que enfrentar a la competencia. Encontrar una mina de oro donde solamente ellas pueden exportar su criterio discrecional, para establecer tarifas”.
Por ello, insistió en que esta iniciativa que pretende abrir la entrada a nuevas empresas y eliminar la exclusividad de Kansas City, Ferrosur y Ferromex, se encuentra “empantanada” en el senado por intereses políticos y económicos que solo afectan a los intereses de la nación.
LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO
En enero de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a 11 artículos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual está vigente desde diciembre de 1995. La minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis, discusión y posible aprobación.
Las modificaciones permitirían a empresas distintas a KSC, Ferromex, Ferrosur, Ferrocarriles Coahuila - Durango y Ferrocarriles de Chihuahua usar las vías que han desarrollado. Además de permitir la entrada de nuevos competidores.
Estas modificaciones causaron inconformidad entre estas empresas que desde 1996 han invertido en el sector.
Los diputados Abel Guerra y Fernando Maldonado del PRI presentaron las modificaciones a la ley con el argumento de que no se han desarrollado líneas adicionales y que las tarifas han aumentado 400 por ciento.
Sin embargo, las empresas ferroviarias que operan en México insisten en que la nueva Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario atenta contra las concesiones que se les otorgaron en 1997, dos años después de aprobarse la ley vigente.
Las modificaciones, que ya fueron aprobadas por los diputados y requieren ahora la aprobación de los senadores buscan abrir el sector para que el paso de las vías sea libre, mejoren las condiciones de operación, se dé un mejor mantenimiento, o de lo contrario, poder revocar las concesiones necesarias.
Con la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México en 1995, Kansas City Southern México (KCS), Ferrosur y Ferrocarril Coahuila Durango y Ferrovalle, asumieron el desarrollo de infraestructura del sector como terraplanes, durmientes, vías, y puentes.
De entonces a la fecha, estas empresas han invertido, en conjunto, siete mil 500 millones de dólares en el país.
Según la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) este sector genera más de 18 mil empleos. A través de los ferrocarriles se mueve 28 por ciento del total de la carga que circula en el país.
Datos de la asociación documentan que las empresas del sector pagan anualmente más de 700 millones de dólares en impuestos.
Pero investigación revelan que los concesionarios no han cumplido con lo estipulado en los títulos de concesión en materia de desarrollo e inversión, porque desde que se desincorporó del Estado el servicio ferroviario sólo se ha incrementado en 40 kilómetros la red, además de que la tarifa de carga se ha incrementado entre cuatro y ocho veces en los últimos doce años.