El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que no podrá otorgarse nuevas concesiones de gasolineras de Pemex con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética y rechazó que sus acciones actuales representen algún conflicto de interés.
“La participación accionaria de algunas estaciones de servicio de mi familia en Quintana Roo, fundamentalmente en Cozumel, donde yo tengo una parte que me obsequió mi padre (…) Yo no podría otorgarme concesiones, estoy impedido de darme nuevas concesiones. No tengo la ambición de hacerlo, menos aún lo permitiría la reforma energética”, dijo.
Explicó que el aspecto regulatorio de las estaciones de servicios de combustible van a pasar a una Comisión Reguladora de Energía, que será un órgano autónomo conformado por siete comisionados propuestos por el presidente Enrique Peña y ratificados en el Senado.
“No he conocido asunto que tenga que ver con políticas relacionadas a combustible. Presido el Consejo de Administración de Pemex, el organismo que fija la normatividad de comercialización es Pemex Refinación (…) Ni fijo las comisiones de las franquicias, porque es materia de Pemex refinación, ni formo parte del consejo. Es prácticamente imposible darle trato especial a una estación de servicio”, dijo.
El secretario declaró lo anterior luego de que Miguel Barbosa y Dolores Padierna, coordinador y vicecoordinadora del PRD en el Senado, lo denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública por tener acciones en franquicias de gasolineras en Cozumel, Quintana Roo, y aseguraran que ello representa un conflicto de interés por el cargo en el que se desempeña.
“No he ocultado bienes, ni utilicé el cargo para hacerme de esos bienes, porque son muy anteriores a mis funciones como secretario de Energía”, dijo Coldwell en entrevista con MVS Radio.
Confirmó que es accionista de cuatro gasolineras y una planta distribuidora -que actualmente no funciona. Explicó que le fueron heredadas, pero dijo que nunca ocultó la información y la entregó a la Función Pública y Pemex.
Explicó que ejerció su derecho como funcionario público, de acuerdo a la ley de transparencia, de aceptar que la declaración patrimonial fuera pública, pero que “se reservo esos capítulos”, mismos que pedirá al secretario de la Función Pública los haga públicos.