Las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Policía Federal estrenan Manual de Uso de la Fuerza el cual los obliga a que en sus operativos contra la delincuencia organizada se filmen para así evitar un uso excesivo de la fuerza dañando severamente a civiles.
El documento obliga a la federación a comprobar que los militares y marinos actúen con apego al derecho privilegiando la vida de personas y no utilicen el poder de fuego letal en civiles desarmados.
Las dependencias señalaron que "el uso de la fuerza por parte de quien la ejerce o la ordena es una decisión que debe tomarse de manera razonada".
El manual previene a los miembros de ambas organizaciones para portar cámaras de video, fotográficas e instrumentos que permitan la grabación de sonido, que podrían servir para aportar pruebas sobre la actuación en las operaciones.
Además, con respecto a la presencia de medios de comunicación en la zona, no se les obstaculizará en el desempeño de su labor periodística, pero se les exhortará a no invadir la periferia en el lugar de los hechos.
Entre los puntos destacables se encuentra la consideración de la aplicación de fuerza en función del cumplimiento del objetivo; además del "respeto y protección de los derechos humanos" donde destacan los de grupos vulnerables como niños, personas con capacidades diferentes o condiciones médicas específicas, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Cabe destacar que en caso que se tenga conocimiento sobre la aplicación potencial del uso de la fuerza en determinada situación, el protocolo de acción deberá apoyarse en: identificación de los sitios conflictivos en el área de operaciones y empleo de fuerza proporcional a la amenaza enfrentada; disponer de aparatos de grabación de video o audio, así como cámaras fotográficas que proporcionen pruebas; al iniciar cada operación se deberán girar indicaciones precisas sobre el uso de la fuerza, las actividades a realizar con el desglose de las funciones específicas para cada elemento y los planes de defensa; concientizar al personal para evitar actitudes agresivas o provocadoras; y finalmente, disponer de medidas de protección para la población civil y dispositivos de seguridad coordinados con las autoridades civiles.