A pesar de las constantes demandas por parte de los partidos de oposición, el artículo octavo transitorio de la Reforma Energética, que pone en riesgo la expropiación de 400 mil kilómetros cuadrados de tierras ejidales, comunales y pequeños productores agrícolas, no será eliminado de las leyes secundarías de la reforma energética, por lo cual diputados y senadores exigirán al gobierno asesorar a propietarios de estas tierras, para que cobren lo justo a las empresas extranjeras que participen en la expropiación y
exploración del petróleo.
Hasta el momento, en las mesas de análisis sobre la reforma energética, los partidos de oposición han manifestado su total desacuerdo a este artículo, pero los funcionarios han explicado que será difícil eliminar este artículo, porque las empresas extranjeras no participarían en la expropiación de los energéticos.
Tales consideraciones las externo ante EL PUNTO CRITICO, la diputada Socorro Ceseseñas Chapa, quien aseguró una de las garantías que los campesinos tendrán a favor de sus tierras es que el gobierno les permitirá 100 días a partir de haber sido notificados de la expropiación de sus tierras, para que determinen el valor de sus propiedades.
De lo contrario, advirtió la diputada, el gobierno tendrá la facultad de ejecutar la extracción de ese territorio, para la instalación de extracción, exploración de gaseoducto o de lo que determine la empresa interesada: “Así está en el establecido en el dictamen de las leyes secundarias”,
En este sentido, aseguró que hasta el momento los funcionarios de Hacienda y Pemex han querido disfrazar estas cláusulas, a lo que dijo: “Es falso, en el discurso dicen una cosa, pero en las letras están plasmadas otras muy distintas. Ahí la redacción está bien clara, están entregando a privados nuestros recursos, y eso se llama privatizar”.
Aseguró que este tema ha causado ya gran descontento entre las organizaciones campesinas; quienes han acudido ante el PRD para expresarles que no están dispuestos perder sus tierras y que apelaran ante cualquier instancia legal.
“Hemos recibido de diferentes organizaciones, que no son organizaciones muy afines con la izquierda, sino con el PRI fundamentalmente, sin embargo ellos nos han expresado que no están en la disposición de ser aplastados de esa manera, y quieren estar demandando que en las mesas que se pretendan realizar para el tema de la reforma agraria, sean también contemplados porque tiene que ver y opinar sobre este asunto”.
Están en su derecho, dijo, porque en primer término los recursos energéticos tienen que seguir siendo propiedad de la nación, no se puede estar compartiendo la renta de los privados, la entrada de los privados en este tipo de contrato, que son licitaciones disfrazados de concesiones es grave y atenta contra la soberanía de los estados y de los energéticos”, denunció.
Porque dijo, en las leyes secundarias el gobierno está mal copiando la propuesta de reforma energética a través de sus reglamentarias, donde ya fueron aprobados y modificados los artículos 25, 27 y 28, pero su idea es copiar el modelo de brasileño.
Pero el gobierno brasileño, supo establecer sus límites argumentando en cuáles tramos si puede entrar la iniciativa privada y cuáles quedan reservados para el gobierno.
Sin embargo, en el caso de México se ha especificado lo contrario, primero son las empresas, y las sobras son y serán para Pemex. “Lo más redituables se lo dejarán a las empresas transnacionales. Eso significa que estás entregando la renta petrolera, a las empresas que han salido al frente y que han tenido una carga fiscal muy fuerte y que la seguirán teniendo porque no hay ninguna modificación que refleje una flexibilización o un cambio en el régimen fiscal que se le dedicará Pemex, y a las empresas privadas, hay mucha flexibilidad”.
Por tal motivo, y con el fin de otorgar asesoría a estos campesinos y público en general, la legisladora, adelantó que a finales de este mes de julio, diputados de las fracciones del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el PRD, realizarán un gran foro de especialistas en la materia, pero sobre todo en energías limpias y renovables.
“Este mes tendrán un foro con un buen número de especialistas en el tema que nos permitirán tener la mayor claridad y decirles, estamos en contra de ese expropiación de facto que se pretende realizar de los diversos ejidatarios del”, puntualizó.
MAS DE 260 MUNICIPIOS SERÁN AFECTADOS
Con el artículo octavo transitorio de la Reforma Energética, se crea la figura de expropiación por “interés social”, con lo cual se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado que implicará procesos de concentración, con consecuencias sociales graves, y se pone en riesgo las propiedades de millones de mexicanos en 260 municipios en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche. “Todos ellos con hidrocarburos”.
Lo anterior en virtud de que las grandes empresas trasnacionales petroleras y de explotación de gas shale requieren seguridad jurídica para apropiarse de grandes extensiones de tierra y mar para realizar las actividades que les permitirá la Reforma Energética.
Además de que se tiene previsto la exploración y explotación del gas de lutitas. Eso significa una exploración masiva, es decir miles de pozos, en grandes extensiones de terreno.
El octavo transitorio de la Reforma Constitucional considera de “interés social y orden público” a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto significará, que en este nuevo marco jurídico las empresas privadas, nacionales y extranjeras, tendrán preferencia sobre la propiedad privada.
La Reforma Energética pone en riesgo de expropiación las propiedades de millones de mexicanos que habitan en 12 estados y 260 municipios, por albergar hidrocarburos en su subsuelo o por ser sitios donde pasan redes de trasmisión y distribución de electricidad.
Estarían en riesgo comunidades de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
La mayoría de las tierras comprometidas están bajo un régimen ejidal o comunal, y la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales que otorga la propia Constitución, la cual también protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.