Amnistía Internacional (AI) pidió a los gobiernos de México y Estados Unidos tomar medidas inmediatas para solucionar el problema de los niños migrantes no acompañados y que sus derechos sean protegidos al cruzar esos países.
Expuso que el número de menores de edad que cruza la frontera de Estados Unidos con México ha aumentado a más de 50 mil, porque muchos huyen “del crimen organizado y de violencia ocasionada por pandillas, inseguridad y pobreza en sus países, incluyendo Honduras, Guatemala, Nicaragua, México y El Salvador”.
La institución demandó que los niños migrantes no sean detenidos en estaciones migratorias, que tengan acceso a educación, servicios de salud y otros servicios esenciales y que los sobrevivientes de violaciones sexuales tengan acceso a servicios médicos y psicológicos.
De igual manera, deben tener un debido proceso durante procedimientos de deportación/traslado, incluyendo acceso rápido a representación legal, asesoría, traducción e interpretación y la designación de un tutor encargado de representar su interés superior, agregó.
En tanto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos pondrán en marcha un plan integral de protección a menores migrantes.
En conferencia de prensa, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, anunció que en breve se llevará a cabo en España una reunión de ministros del Trabajo de todo el mundo, en la que se analizará la problemática de migración infantil hacia la Unión Americana.
Respecto a la situación de los niños migrantes, el funcionario federal dijo que existe un convenio con el Departamento de Trabajo estadounidense y la Secretaría del Trabajo para desarrollar políticas activas en favor de los trabajadores migrantes.
Explicó que con el gobierno guatemalteco se firmará, en menos de un mes, un convenio similar al firmado con Estados Unidos, para proteger a niños migrantes trabajadores, pues las mismas garantías que se exigen en el norte del país se deben dar en el sur, “para que nosotros podamos empezar a cumplir y a proteger a esos niños migrantes trabajadores”.
Adelantó que se reunirá con los ministros del Trabajo de la Organización de Estados Americanos para hacer un plan integral de protección a niños migrantes, al margen del plan de protección a trabajadores migrantes, que debe entrar con una dinámica distinta.
Dijo que para diciembre estará listo el observatorio de carácter laboral para ver la situación de los niños en condición de trabajo, fundamentalmente migrantes, pues aseguró que no existe otro en América Latina con carácter internacional, además con recursos que aportan la OIT y los gobiernos de México y del estado de Chiapas.
El secretario del Trabajo dijo que para ese proyecto, este año se invertirán 5.5 millones de pesos que aporta el gobierno federal y 5.5 millones que aporta el del estado de Chiapas, y hay un grupo de personas que se encargarán de establecer este primer observatorio.
OBAMA PIDE A CONGRESO 3 MIL 700 MDD
Abordando lo que ha llamado una crisis humanitaria, el presidente estadounidense Barack Obama le pidió el martes al Congreso 3.700 millones de dólares para confrontar una ola de menores de Centroamérica que están cruzando ilegalmente la frontera desde México hacia Estados Unidos, abrumando los recursos de inmigración y causando una tormenta política en Washington.
La Casa Blanca dijo que el dinero va a ser usado para incrementar la detención, el cuidado y el transporte de niños no acompañados, ayudará a acelerar la deportación de adultos con niños al aumentar la capacidad de las cortes de inmigración y fortalecerá el combate a redes de contrabando de inmigrantes. Los fondos incrementarían además las operaciones de vigilancia en la frontera sur estadounidense y ayudarían a los países centroamericanos a repatriar a los migrantes.
El pedido de dinero no incluye propuestas para cambios legislativos que la Casa Blanca desea. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el martes que aún planean trabajar con el Congreso para incrementar la autoridad del gobierno para deportar a menores que crucen la frontera ilegalmente.