Las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera del Senado, discutieron el tercer dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética, que busca expedir las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
La discusión reinició con la ausencia del presidente de la Comisión de estudios Legislativos Primera, el senador del PAN, Raúl Gracia Guzmán, y la senadora del PVEM, Ninfa Salinas dejó la Comisión de Energía del Senado. En su lugar, se incorporó a la Comisión en representación del PVEM el senador Carlos Alberto Puente Salas. Además, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, anunció que se retiraba de la discusión.
A propuesta del senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, las comisiones aprobaron que el análisis y discusión del tercero y cuarto proyecto se lleve a cabo sin un horario específico y durante un plazo indefinido, hasta que se considere que se encuentran suficientemente discutidos.
Este lunes, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, publicaron el proyecto para expedir las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, y que también reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de las Entidades Paraestatales y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Servicios Relacionados con las Mismas.
PROYECTO
El proyecto busca modernizar, actualizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que sean competitivas en sus respectivos mercados.
Se prevé que los respectivos consejos de Administración establezcan las políticas, bases, lineamentos y procedimientos para el desmantelamiento, la aportación, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de las instalaciones industriales de Pemex y la CFE, sus subsidiarias o, en su caso, sus filiales que se creen.
La propuesta de dictamen realiza diversas modificaciones a las iniciativas que sobre el tema presentó el Ejecutivo Federal. Entre ellas, propone que Pemex y la CFE realicen las actividades estratégicas a su cargo a través de empresas productivas subsidiarias.
Para las demás actividades, se considera dotarlas de la flexibilidad necesaria que les permita competir en igualdad de circunstancias frente a terceros que participen en sus respectivos sectores.
Además, se realizan cambios al régimen institucional de los consejeros independientes, para garantizar la autonomía de las personas que sean designadas. Se sugiere que el nombramiento del Ejecutivo Federal sea ratificado por el Senado de la República.
Se contempla incrementar de tres a cinco años el periodo en que permanecerán en sus encargos y limitando su reelección a un solo periodo. El objetivo es consolidar su independencia durante su mandato en el Consejo de Administración.
RÉGIMEN JURÍDICO DE PEMEX Y CFE
En virtud de que el régimen jurídico que ahora se les asigna a Pemex y a la CFE se asemeja al de empresas de carácter privado, el dictamen comparte la necesidad de sujetarlas a obligaciones de transparencia que atiendan específicamente a funciones de tal naturaleza, como la presentación de informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica.
Se plantean nuevas disposiciones que permitirán prevenir y sancionar situaciones irregulares que pudieran presentarse durante todo el proceso de las diversas contrataciones que realicen las empresas productivas del Estado. Así, se establece una sección especializada en medidas para garantizar la integridad en las contrataciones que realicen Pemex, la CFE y sus respectivas empresas productivas subsidiarias.
Se sugiere la creación de un sistema de denuncias y quejas anónimas, mediante el cual cualquier persona podrá denunciar actos u omisiones, y se contempla que Pemex y la CFE, cuenten con sistemas de información sobre sus proveedores y contratistas, que tendrán que actualizarse periódicamente y contener información de los últimos cinco años de los contratos celebrados.
Del mismo modo, se coincide con el Ejecutivo Federal en cuanto a que es razonable que Pemex y la CFE, así como sus respectivas subsidiarias, en tanto empresa de exclusiva propiedad del Estado, estén exentas de repartir utilidades a sus trabajadores (PTU).
Se plantea que tanto la entrada en vigor de las leyes, como la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, tengan lugar al día siguiente de que sean designados los miembros de sus nuevos consejos de administración.
CUADRO
CAMBIOS
Entre los cambios, no se consideró pertinente que el Instituto Mexicano del Petróleo transfiera sus recursos a Pemex, ya que el Estado mexicano debe contar con un organismo autónomo que se encargue de la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria petrolera en el país, diferenciándose claramente de la empresa.
El Consejo de Administración será el órgano que determinará las políticas estratégicas del grupo empresarial, considerándose pertinente no sólo facultarlo para opinar sobre los informes que le presente a su consideración el director general, sino que deba aprobarlos.
Se estima necesario, por una parte, conferirle al Consejo de Administración la atribución de aprobar los proyectos y decisiones estratégicas, y por otra, facultarlo para aprobar las políticas y procedimientos para la realización de operaciones entre partes relacionadas, así como para establecer mecanismos de coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría Interna.
Se considera conveniente ampliar las facultades del Consejo de Administración para nombrar a los directivos de sus respectivas empresas productivas de las dos jerarquías inmediatas inferiores al Director General, y no como se propuso, de una jerarquía.
La atribución de fijar los precios de los bienes y servicios que preste la CFE, le corresponden al Consejo de Administración y no, como propone la iniciativa a su Director General.
Se aclara que para salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad realizará las actividades de generación, transmisión, distribución, suministro básico, otras modalidades de comercialización, la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, así como las actividades auxiliares y conexas de las mismas, de manera estrictamente independiente entre ellas.