Por más que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha intentado impulsar la transparencia, el correcto uso de datos personales, así como la fortaleza de sus dependencias, el Instituto Nacional Electoral (INE) no confía en las instituciones de este país, como se comprueba con el hecho de entregarle a una empresa alemana la elaboración de 68 millones de credenciales de elector; la cual, por cierto, en una evidente burla al país, utiliza el escudo nacional, deformado, como parte de su imagen empresarial en su portal de internetwww.gide.com/mex/es/about_g_d/company/mexico/mexico.jsp
En México solamente las instituciones públicas Talleres Gráficos de México y el Banco de México cuentan con tecnología a través del equipo "Yura", para proveer a la sociedad de las medidas de seguridad necesarias para elaborar materiales de alta seguridad como lo significan las credenciales de elector, pues nadie más cuenta con dichos procesos.
A pesar de que Lorenzo Córdova, el Consejero Presidente del INE, se había comprometido a dar a Talleres Gráficos de México la elaboración de las credenciales de elector y por tanto las bases de datos de los mexicanos, violó el acuerdo y prefirió confiar en la empresa alemana Giesecke y Devrient con sede en Münich, dedicada a la fabricación de papel moneda, dinero para Casinos, tarjetas inteligentes y sistemas de manipulación de efectivo.
Cabe mencionar que de acuerdo con el decreto que crea a Talleres Gráficos de México, dicho organismo descentralizado del Gobierno Federal, tiene entre otras, la función de imprimir los documentos oficiales y lo faculta como el impresor oficial del país.
Para tal efecto cuenta con ventajas técnicas, respecto de la iniciativa privada, como lo son todas las medidas de seguridad para hacer de éste un instrumento que dé certeza a la sociedad. Llama la atención que el INE refiere que la empresa alemana dotará a las credenciales de elector de 25 medidas de seguridad, sin embargo en Talleres Gráficos se pretendía imponer 29 candados de seguridad.
Sabemos que la dependencia federal ofreció dos beneficios particulares al órgano electoral; por un lado, aseguraba ahorro en el presupuesto público, al garantizar un precio menor a lo que ofrece cualquier otra empresa privada y por otro, no menos importante, la certeza a todos los mexicanos de que sus datos personales quedarían bajo resguardo en una institución pública, creada para eso, con el conocimiento y experiencia en este manejo.
¿Qué garantía tienen entonces los millones de mexicanos de que sus datos personales estarán seguros en una empresa alemana, teniendo como experiencia que otras entidades privadas los venden como se observa a menudo con los bancos? Es pregunta.
Trascendió que luego de la decisión del INE, Talleres Gráficos de México hizo un extrañamiento para dejar constancia de que el Estado Mexicano ha creado y opera un órgano diseñado para la impresión de la documentación oficial, en razón de la seguridad que debe ofrecerse tanto a los ciudadanos como a los Órganos del propio Estado.
En fin, será la sociedad quien saque sus propias conclusiones y al final de cuentas juzgue si existe riesgo o no de que cualquier ente o empresa privada que no cuente con las condiciones de seguridad gubernamental maneje sus datos personales tal como lo está realizando la empresa Giesecke & Dvrient.
Por cierto que la entidad económica con sede en Alemania utiliza en su imagen corporativa en la web el escudo nacional deformado cuando el artículo Sexto de la "Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales" establece de manera contundente que "el Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares".
Y agrega que "el Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente apegándose estrictamente a lo establecido por los artículos 2o. y 5o. de la presente Ley". Entonces, es una burla de la empresa que hará las credenciales de elector y que tiene en su poder los datos personales de millones de mexicanos en edad de votar.