Causará serias afectaciones aprobación del “fracking”

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Pese a las constantes demandas que se han presentado para que en México no se realice la fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, por considerar esta técnica como la que provocará mayores afectaciones al medio ambiente, diputados aprobaron en lo general, las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

       Esta última, contempla participación de empresas privadas para realizar el fracking. Técnica que desde sus inicios ha sido ampliamente rechazada por los legislares de oposición, por considerarla como una de las técnicas que provocará mayores afectaciones al medio ambiente.

    En una maratónica sesión que se prolongó hasta las primeas horas de este jueves, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos (MC) advirtió que el uso de tecnologías como la fractura hidráulica o fracking, causará graves afectaciones al medio ambiente, poniendo en riesgo los mantos acuíferos, y no garantizan el derecho de los mexicanos a gozar de un ambiente sano.

    Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, con 333 votos a favor y 125 en contra, el dictamen de la minuta del Senado que expide las leyes de órganos reguladores, de seguridad industrial.

    El documento expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, además de reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

    Contrariamente a lo que se esperaba, los diputados de oposición mostraron a lo largo de la sesión, una posición que fue calificada como “tibia”, en comparación con las demandas que en contra del fracking habían interpuesto semanas antes de que iniciaran las discusiones de las leyes secundarias en materia energética.

    Los legisladores de oposición coincidieron en la necesidad de que el dictamen fuera devuelto a comisiones para su análisis, al asegurar que incluye temas que ponen en riesgo la integridad de los órganos reguladores y representa un retroceso en materia de medio ambiente.

    El único acto que fue considerado como protesta en contra a estas leyes, fue que en medio de la discusión, legisladores del PT colocaron carteles en sus curules con leyendas como “Frack-U” y “No al pago de Pasivos”, mientras que legisladores de izquierda colocaron en la parte baja del estrado pancartas con la imagen del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Cansancio de legisladores

    En una sesión, en la que se pudo ver a los legisladores ya cansados, por las cuatro maratónicas sesiones que han llevado a cabo esta semana, se avalaron estas nuevas leyes, que tienen como fin establecer un nuevo modelo de desarrollo y seguridad energética.

    En ellas, se plantea una serie de enmiendas que constituyen un cambio de paradigma respecto al aprovechamiento sustentable de los hidrocarburos y el desarrollo del sector eléctrico, con el fin de potenciar el crecimiento económico y la prosperidad de todos los mexicanos.

    El nuevo modelo de desarrollo y seguridad energética, crea la existencia de órganos reguladores fuertes y autónomos, que serán lo suficientemente sólidos para vigilar a los entes regulados y asegurar la operación de mercados competitivos, que beneficien el interés público.

    Para ello, se crea el Consejo de Coordinación del sector energético, como un mecanismo que dé coherencia a la acción de las dependencias del Ejecutivo federal y fundamente la rectoría del Estado en dicho sector

    Los órganos reguladores contarán con facultades para vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a quienes realizan actividades en materia energética, los cuales podrán emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el cumplimiento de sus funciones e imponer las sanciones que se desprendan de hechos que contravengan los ordenamientos vigentes.

    Mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá a su cargo regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos y licitar y suscribir los contratos que sean celebrados en este rubro.

    En tanto que la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover, entre otras actividades, el desarrollo eficiente de actividades como las de transporte, almacenamiento, distribución de petróleo, gas natural, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos.

    Por su parte, la Agencia de Seguridad Industrial tendrá por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos a través de la supervisión y regulación de la seguridad industrial y operativa.

    También las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control de los residuos y emisiones contaminantes, con lo cual se asegura la gestión de sustentable de los recursos energéticos y del desarrollo del sector eléctrico.

    Con el propósito de promover la transparencia y evitar la corrupción de los entes reguladores, éstos funcionarán bajo el principio de máxima publicidad y sus actos y acuerdos de voluntad estarán protegidos por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, promulgada en 2012.

    De igual forma, cada ente tendrá su propio órgano interno de control para establecer responsabilidades, recibir quejas y efectuar auditorias, lo cual se traducirá en una mejor transparencia y rendición de cuentas y en la dignificación del servicio público.

    Para evitar la judicialización sobre las resoluciones tomadas por los órganos que aquí se establecen, el dictamen contempla que estos actos no serán objeto de suspensión por parte de los juzgados de distrito y en ningún caso se admiten recursos ordinarios o constitucionales en contra de actos intraprocesales.

    Con la finalidad de involucrar a la sociedad civil en la formulación de reglas administrativas de carácter general, se crea la figura del Consejo Consultivo para cada uno de los órganos reguladores, el cual tendrá como objetivo contribuir a los procesos de consulta pública en este ámbito.

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