Legisladores del grupo parlamentario del PRD, advirtieron que después de haberse aprobado casi en la totalidad las leyes secundarias de la reforma energética en la Cámara de Diputados, su partido impulsará a partir de hoy una intensa campaña para lograr con la Consulta Popular revertir la contrarreforma que privatiza el petróleo, los recursos energéticos y daña la
soberanía nacional.
Las diputadas Yazmín Copete Zapot y Domitilo Posadas Hernández comentaron que pata tal efecto se apoyará de manera legal, ya que para efectuar este importante paso, les asiste la razón, basada en el artículo 35 constitucional.
“El trámite legislativo que se dio a la contrarreforma energética ha sido manipulado políticamente y gestionado de forma poco transparente. Asimismo, transgredió la normatividad interna del Congreso de la Unión y la reglamentación del proceso legislativo y del procedimiento de reformas constitucionales”, indicaron.
Lo anterior, en virtud de que la privatización y desnacionalización del sector energético constituye una alteración ilegítima e ilegal más del pacto social en torno al cual se intentó construir un proyecto soberano de nación y que, con todos sus límites y desviaciones, permitió la subsistencia y desarrollo del pueblo de México por varias décadas.
El objetivo general de la contrarreforma energética es la entrega de recursos energéticos estratégicos y de la infraestructura correspondiente a empresas transnacionales, tales como Exxon Mobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell y Chevron, entre otras.
Además, la conversión de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado implica la adopción de criterios gerencialistas de administración para la competencia, así como la destrucción del conjunto de rasgos que las caracterizaban como empresas públicas y las distinguían de las empresas del sector privado.
Y por si fuera poco, la apertura del sector energético a la inversión extranjera directa hace compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el TLCAN hasta ahora inaplicables, entre ellas las relativas a las regalías pro empresariales del Capítulo XI, incluidas las normas referentes al régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje, además de que volvería nulatorias las reservas interpuestas por México al Capítulo VI.