El Senado aprobó en lo general el último dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética, relativo a la regulación de las transferencias de recursos del Fondo Mexicano del Petróleo y posibilitar que el Gobierno Federal asuma parte proporcional de los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad
Al cabo de un debate en el que senadores del PRD y del PT reiteraron su oposición a la reforma y senadores del PRI, PAN y PVEM refrendaron su respaldo a la misma, el pleno aprobó en lo general, con 90 votos a favor y 27 votos en contra, el dictamen con el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.
Con ello, se introduce en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria un nuevo Título Quinto denominado “de las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo” y se establece que el gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de este ordenamiento.
Lo anterior, sin perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la administración pública federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.
Precisa que el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural.
Para ello, el gasto de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará dentro del gasto corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de dicho límite máximo.
Respecto a las transferencias extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo dispone que únicamente cuando la reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3 por ciento del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico podrá recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros:
Hasta por un monto equivalente a 10 por ciento, al fondo para el sistema de pensión universal; hasta 10 por ciento para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables; hasta 30 por ciento para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional.
Y hasta 10 por ciento en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria.
En el régimen transitorio, se plantea que la posibilidad de que el gobierno federal asuma una parte proporcional del pasivo laboral a cargo de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
Lo anterior, siempre y cuando a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor de la reforma, dichas empresas alcancen un acuerdo con sus respectivos sindicatos para modificar el contrato colectivo de trabajo y sus respectivas disposiciones relacionadas con el personal de confianza, a fin de reducir en el mediano plazo el pasivo laboral dentro de las empresas.
Además, se tendrá que realizar una modificación al régimen de pensiones compatibles con el régimen de cuentas individuales integradas en el Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, que permita la portabilidad de derechos, así como para que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida.
También se establece como requisito indispensable que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría específica a los fondos de pensiones y jubilaciones de las empresas, con el objeto de identificar las características del pasivo laboral referido, y en caso de detectar actos ilegales proceder al fincamiento de responsabilidades.
En relación con las modificaciones a la Ley General de Deuda Pública, se aprobó que las obligaciones a cargo de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias sean consideradas como obligaciones constitutivas de deuda pública.
PRI destaca beneficios económicos y
PRD afectaciones a trabajadores petroleros
De esta forma, el Senado concluyó, en sesión extraordinaria, el último debate en lo general del dictamen de paquete fiscal de la reforma energética que aborda, entre otros, el régimen de pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE, deuda pública de las paraestatales y sus filiales, y manejo de recursos por la renta petrolera.
Tras acalorado debate, los senadores de las diferentes fracciones parlamentarias expusieron sus argumentos a favor y en contra del dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados y presentado por las comisiones unidas de Energía, Estudios Legislativos, Primera, y Hacienda y Crédito Público, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.
Poco antes de concluir la ronda de oradores, donde los senadores debatieron lo relativo a los pasivos laborales de Petróleos Mexicano y Comisión Federal de Electricidad, los senadores del PRI, David Penchyna Grub, y Benjamín Robles Montoya, del PRD intercambiaron acusaciones personales, lo que obligó al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Raúl Cervantes
Andrade a conminar a los legisladores a mantener un debate sin descalificaciones y sujeto únicamente a los temas energéticos.
Las voces de los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Barbosa Huerta, del PRD, intervinieron en la defensa de cada una de las posiciones de sus bancadas, pero coincidieron en la importancia de generar un debate libre de descalificaciones y con pleno respeto entre legisladores.
Durante el debate por alusiones personales y rectificación de hechos, también se sumaron los senadores Manuel Bartlett Díaz, del PT, Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del PAN, así como los perredistas Fernando Mayans Canabal, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez.
Al hablar en contra del dictamen, la senadora del PT, Layda Sansores Sanromán, dijo que se pretende usar a los trabajadores de Pemex como chivos expiatorios para que sean el blanco de inconformidades de la población, pues se les intenta imputar el origen de la deuda. De acuerdo con los resultados de la Auditoria Superior de la Federación se determinó un superávit laboral y de vivienda en 2012, y éste se duplicó en el año 2013, agregó.
El senador Omar Fayad Meneses, del PRI, afirmó que con el dictamen se precisa a dónde y cómo se van a destinar, para su gasto, los recursos que se obtengan de la renta petrolera, y no se deja al libre albedrío del gobierno federal la utilización de los excedentes petroleros.
El senador Zoé Robledo aseguró que la etapa final en el Congreso no significa la conclusión del debate sobre la reforma y leyes energéticas, y sostuvo que pese a representar el 17 por ciento de los integrantes del Senado, los legisladores del PRD establecieron el ritmo del debate porque, de acuerdo a encuestas, 66 por ciento de la población cree en la consulta popular y es una mayoría que quiere opinar, decidir y hará valer su decisión en 2015.