El Presidente de la República podría comparecer nuevamente ante el Pleno del Congreso de la Unión como lo hacía cada año, para informar sobre el estado que guarda la administración pública, de ser aprobada la iniciativa que este martes turno la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta iniciativa fue promovida por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), la propuesta plantea modificar el artículo 69 de la Constitución Política, y fijaría que tal encuentro se llevará a cabo en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio.
Con estas modificaciones el titular del Ejecutivo federal “escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley del Congreso”, añade.
Belaunzarán Méndez comentó esto atiende a que el procedimiento actual de la entrega del Informe de gobierno rompe con el principio republicano de rendición de cuentas.
“Se convirtió en un simple trámite burocrático en el que un funcionario sin la menor representación popular, acude a la sede del Congreso a entregar tal documento”, sostiene el diputado.
Asimismo, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público una iniciativa que propone expedir la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano.
Esta propuesta, impulsada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), tiene por objetivo desvincular el salario mínimo como referencia en la legislación federal vigente, a fin de que el aumento de la remuneración del trabajo no impacte en los pagos de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros, administrativos y legales.
Otra iniciativa que promueve el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (PAN), otorga al ejidatario la facultad de designar a quienes deban sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario.
Sólo bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y la forma de cómo quedará repartida la unidad de dotación entre los herederos designados por el titular. Deberá hacerse la adjudicación de acuerdo al porcentaje de tierra que éste haya designado para cada heredero de los derechos agrarios a su fallecimiento, que en ningún caso podrá ser menor a cinco hectáreas.