La Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, determinó necesario la suspensión de actividades de la mina Cananea operada por Grupo México, hasta en tanto se determinen con precisión los daños, se garantice el
resarcimiento del medioambiente y la indemnización a toda la población afectada.
Además, en la sesión de este miércoles se determinó la creación de un Fondo de Desarrollo Regional solventado por la empresa Grupo México, con un monto inicial de cinco mil millones de pesos, como mecanismo compensatorio que detone el potencial de desarrollo que la empresa ha impedido, además del fideicomiso de dos mil millones de pesos que anunció recientemente el gobierno federal.
Dicho fondo deberá comprender los aspectos de salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas para la reactivación económica y social de Sonora.
El documento señala que el fideicomiso deberá tener un enfoque “preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la población, con una perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental afligido”.
Para tal efecto, la instancia contará con un comité técnico especializado que decida los objetivos y que tenga un manejo transparente de los recursos, alejado de toda entrega selectiva o politizada, agrega.
El fideicomiso también deberá garantizar a los municipios afectados por el derrame de tóxicos el abasto suficiente y oportuno de agua potable, tanto para consumo humano, como para sus múltiples actividades (incluido el uso agrícola y ganadero), cumpliendo con los estándares de calidad.
Además, se recomienda “hacer valer el imperio de la ley, exigiendo a todas las autoridades competentes el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables”.
Asimismo, hace un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., a fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial.
Lo anterior, con el objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.
Además, se considera urgente que las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados presenten un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en su función reguladora y sancionadora, que eleve los montos de las multas y sanciones y que dote al Estado de capacidad para actuar con prontitud.
De igual forma, se solicita incluir al municipio de Cananea en el programa de poblaciones afectadas por el derrame de tóxicos, y garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad para atender las repercusiones y afectaciones presentes y futuras provocadas por éste.
Se plantea también que la empresa cumpla con las medidas sanitarias pertinentes, emitidas por la autoridad competente, con el objeto de proteger la salud de los pobladores.
Finalmente, se propone garantizar a los pobladores de la región el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como el acceso al trabajo digno, sin que medie ningún tipo de discriminación.