La Comisión de Puntos Constitucionales cuenta ya con un proyecto de dictamen anticorrupción para analizarlo, discutirlo y en su caso llevarlo al pleno, anunció el diputado Julio César Moreno Rivera, y aseguró que de contar con un órgano anticorrupción realmente autónomo, dará certeza al servicio público en todos sus niveles, factor
urgente por la aprobación de las reformas estructurales.
El diputado federal y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, exhortó a los legisladores dar prioridad a la minuta anticorrupción, por lo que mencionó que la iniciativa es una reforma constitucional de gran tamaño, ya que reforma seis artículos de nuestra Constitución.
Por tal motivo, dijo que los partidos en la Cámara de Diputados deberán darle el valor e importancia que se requiere ya que su aprobación en el pleno permitirá contar con una institución que reemplace a la desaparecida Secretaría de la Función Pública.
Moreno Rivera aseguró que la importancia de esta iniciativa, que fue avalado por las principales fuerzas políticas en el Senado, radica en la creación de dicho organismo público autónomo, con personalidad jurídica propia y con facultades de combate, investigación y sanción a servidores públicos y particulares relacionados con actos de corrupción.
“Contar con una institución con esas facultades convendría a todos, ya que dará mayor certeza al servicio público en todos sus niveles, factor urgente en nuestros días por la aprobación de las llamadas reformas estructurales, siempre y cuando cuente con la fuerza y autonomía que estas reformas demandan”, aseguró.
El diputado perredista dio a conocer también otros beneficios de la minuta, entre los que destacó, que el titular de dicho órgano autónomo contará con la fuerza y elegibilidad equiparadas a los del Procurador General de la República.
Cabe señalar que el órgano anticorrupción deberá participar como coadyuvante en el proceso administrativo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción y podrá atraer aquellos de competencia de las entidades federativas y los municipios en los términos que establezca la ley.