La Comisión Nacional del Agua (Conagua) iniciará, por instrucciones de la Cámara de Diputados, una exhaustiva investigación y elaborará un dictamen técnico y jurídico en relación con el embalse ubicado en el rancho Pozo Nuevo, Sonora, así como las causas que originaron el colapso de la cortina de la presa, además de que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dará a conocer si se cuenta con autorización para el cambio de uso de suelo forestal.
Lo anterior quedó establecido en la sesión de este martes, donde además se pidió al gobierno federal revisar y determinar si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de Guillermo Padrés Elías y familia, están dentro de la legalidad.
Cabe hacer notar que la presa ubicada en el Rancho Pozo Nuevo tiene una capacidad de cuatro millones de metros cúbicos de agua y cuenta con una cortina de 120 metros de largo por 80 de altura. La concentración de toda esta agua en la presa provocó escasez del vital líquido en las comunidades aledañas y trajo como consecuencia pérdidas económicas sin precedentes a los productores de la región.
Al respecto, el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI), consideró: “Es verdad que el sector agropecuario tiene el derecho de utilizar las aguas superficiales para sus fines, pero esto deberá hacerse mediante una concesión que la Comisión Nacional del Agua otorga con base en un estudio que dé cuenta de la suficiencia del recurso”.
Recordó que este lugar también posee un acueducto con una superficie aproximada de siete kilómetros para trasladar el agua de desde ese punto hacia un reservorio que asegura el riego tecnificado de 300 hectáreas de nogal.
En este sentido, dijo que el pasado sábado 20 septiembre el crecimiento del afluente del río provocó la ruptura de la presa; sin embargo, versiones de vecinos del lugar hablan de explosivos que se llevaron a cabo, por lo que pidió abrir una línea de investigación adicional para saber si se utilizaron explosivos y si estos contaban con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Destacó la importancia de que la Semarnat se pronuncie para conocer si las 300 hectáreas de nogal cuentan con los permisos ambientales requeridos, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, y si existe autorización de Conagua para la utilización de los pozos para riego tecnificado en esta superficie.
A su vez, la diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) se pronunció a favor de la aprobación de este punto de acuerdo, toda vez que es imperdonable que la región de Bacanuchi, uno de los municipios más afectados por la contaminación originada por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, padezca los embates de la exclusión de recibir el vital líquido.
“Dejemos a un lado la impunidad y la corrupción, exijamos cuentas para transparentar el proceso a que se sujetaron las obras que se realizaron en el rancho Pozo Nuevo, donde hoy la cortina de presa ha colapsado así como de las seis concesiones de aprovechamiento subterráneo que se autorizaron a nombre de Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina”, enfatizó.