La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, presidida por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, recibió en reunión informativa al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco Fernández, con el propósito de conocer los avances en el proceso de administración por parte
del SAE de la empresa Oceanografía.
En su exposición, Orozco Fernández destacó que, por instrucción ministerial, se recibió a la empresa que estaba en condiciones de detrimento patrimonial e incumplimiento generalizado de obligaciones, particularmente laborales, lo cual tenía implicaciones y peligros para los acreedores, trabajadores, fisco, acreedores financieros que en general tienen algún derecho a su favor y en contra de Oceanografía.
Por tal motivo, explicó, la vía prevista por la Ley para protegerlos era el concurso mercantil. El SAE actuó con oportunidad, para que los trabajadores recibieran sus pagos y, hoy, la empresa continúa en marcha y los acreedores tienen un foro para hacer valer sus derechos.
El funcionario detalló que en el momento en que el SAE se hizo cargo, se tenían adeudos por más de tres meses de salarios, de obligaciones con los trabajadores, y no sólo había incumplimiento con los mismos, sino que éste era generalizado. Ante ello, la responsabilidad del administrador era evitar que el incumplimiento pusiera en riesgo a terceros, es decir, a los trabajadores, a Petróleos Mexicanos, su principal cliente en la zona de Campeche, y a los acreedores.
En la primera ronda de preguntas y respuestas, el senador Jesús Casillas Romero, del PRI, cuestionó sobre el total de acreedores y deudas de la empresa, así como los activos líquidos y si estos alcanzan para cubrir y negociar los compromisos; y precisó que el director general del SAE se refiriera a la cantidad de pasivos contraídos y vencidos, así como al total de los bienes muebles e inmuebles asegurados.
El senador Roberto Gil Zuarth del PAN, preguntó por las acciones del SAE, respecto a los contratos vigentes con Pemex, es decir, si se toma alguna determinación de subrogación o esos contratos vigentes de proveeduría de servicios marítimos fueron rescindidos o se adjudicaron a otras empresas.
Por su parte, la senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, señaló que en lugar de encontrar transparencia en el manejo del SAE, hay una profunda opacidad, conflicto de intereses y un juego de encubrimientos que obligan a pensar que existe un “fraude consentido”, cuyas ramificaciones son extensas.
Subrayó que no se entregó la valoración técnica para decidir el curso de los bienes, activos y la cartera de Oceanografía. Cuestionó la contratación como abogado, de Sergio Viveros Romero, quien también lo fuera de Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, y la designación de Luis Alfonso Maza Urueta como administrador general de la empresa con un sueldo de 619 mil pesos mensuales, cuñado del ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, y tío del actual presidente Enrique Peña Nieto.
En el mismo tenor, destacó el nombramiento del juez Felipe Consuelo, el mismo encargado de alargar tramposamente la agonía de Mexicana de Aviación, quien ha actuado de manera opuesta al caso de Mexicana y sus decisiones parecen encaminadas a beneficiar al mismo grupo económico. Asimismo, preguntó si Banamex presentó ante el conciliador documentos que acreditan un adeudo del orden de 580 millones de dólares.
En su respuesta, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco Fernández, indicó que existe una lista provisional de adeudos reconocidos la semana pasada, que al ser provisional proporciona una oportunidad a los acreedores para presentar información, misma que se presentará a un juez y concretado el proceso, se tendrá identificado el inventario que será utilizado para cubrir las obligaciones con los acreedores.
De lograrse un acuerdo con los acreedores, la empresa podría mantenerse en marcha, pero de no ser así, se buscará el pago ordenado a los diferentes acreedores, subrayó.
También puntualizó que se han rescindido los contratos que no tienen posibilidad de cumplirse y se ha mantenido, en medida de lo posible, la operación de la empresa para buscar generar recursos y cumplir con las obligaciones con los trabajadores, y destacó que se ha hecho con oportunidad, en tiempo y forma con los mandatos de las leyes correspondientes.
Orozco Fernández enfatizó que no existen conflictos de interés, pues no se ha contratado a nadie que lo tenga. Sin embargo, reconoció que previamente contrató a profesionistas, pero en el caso particular de Oceanografía esto no ha sucedido. Señaló también que el SAE no puede tomar decisiones fuera de mercado, ya que quienes trabajan para la empresa deben tener sueldos acordes a mercado y su responsabilidad.
El actuar de todos los involucrados en el proceso ha sido expedita y diligente, en los tiempos previstos por la ley, agregó.
En una segunda ronda de preguntas y respuestas, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, titular de la Comisión Especial, cuestionó el número de trabajadores de la empresa y cómo se les ha hecho valer sus derechos luego del nuevo contrato colectivo entre ellos y el SAE para el desistimiento del emplazamiento a huelga. Además, señaló que según información de funcionarios del gabinete de seguridad nacional, Amado Yáñez Osuna, ya cubrió adeudos por más de 200 millones de pesos con el SAE y los del Instituto Mexicano el Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El senador Carlos Mendoza Davis, del PAN, consideró difícil llegar a un acuerdo con los acreedores para que la empresa siga funcionando en las condiciones en que se encuentra y cuestionó si los bienes que tiene la naviera alcanzarían para las obligaciones laborales.
El senador del PRD, Mario Delgado Carrillo, resaltó que el director general de las subsidiarias Pemex Exploración y Producción, manifestó que Oceanografía es responsable de que la paraestatal registre grandes pasivos pues durante un año afectó la terminación de pozos petroleros, con lo que empieza a haber un daño, la lógica tendría que cambiar porque habría que anteponer el interés público al privado.