Por Ley, las instituciones de seguridad pública se deberán conducir con apego al orden jurídico, respetando y garantizando los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, además de que toda investigación que se realice para la prevención de los delitos deberá ser con base en los principios de legalidad y el respeto a las garantías individuales reconocidas.
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal para adecuarlas al marco normativo de las enmiendas constitucional de 2011 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2013, en materia de derechos humanos.
La enmienda reemplaza la mención del secretario de Seguridad Pública por la del secretario de Gobernación en dichas leyes, al considerar que la figura del titular de la SSP actualmente es inexistente.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Sonia Rincón Chanona (PAN) explicó que nuestro país ha firmado 11 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entre ellos, las cartas de la Organización de los Estados Americanos, la de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José y la Convención de Viena.
La legisladora, también reconoció que pese al progreso legislativo en esta materia, aún persisten las violaciones de forma sistemática, por lo que, dijo, “es necesario que la Policía Federal y demás instituciones encargadas de brindar la seguridad pública, actúen con estricto apego a la legalidad”.
Denunció que tan sólo en 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 41 mil 662 quejas en torno a dicha problemática. De entre la diversidad de personas que sufren este tipo de violaciones encontramos a los migrantes, quienes son víctimas de abusos verbales y físicos por parte de la policía y demás encargados de migración”, concluyó.
Por su parte, y al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada María Elena Cano Ayala (PRI) manifestó que la reforma no es un ejercicio ocioso ni cosa que se le parezca, sino una labor necesaria para dar certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de tales ordenamientos, en este caso, precisó, las instituciones de seguridad pública.
Con ello, agregó, se evitarán interpretaciones confusas que sólo podrían entorpecer la aplicación de las normas. “La actualización será útil en tanto que reflejará la voluntad del Constituyente, en el sentido de ampliar la esfera de prorrogativas, por lo que la votación a favor será una consecuencia del avance de los derechos humanos en nuestro país”.