La encomienda del seguimiento de los casos del Metro y la Línea 12, de los normalistas desaparecidos, así como de los acuerdos de los estudiantes de IPN con el Gobierno Federal, es una gran responsabilidad para el trabajo legislativo, dijo el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión legislativa recientemente formada para dar
seguimientos a cada uno de estos casos controvertidos, en la Cámara de Diputados.
Entrevistado por Eduardo Ramos Fusther, y el analista Juan Carlos Zárraga Sarmiento, durante la emisión radial de “El Punto Crìtico”, que se transmite en la 1470 de Amplitud modulada de Radio Fórmula, el legislador aseguró que se dará respuesta a cada uno de ellos y que el encargo que le hizo Poder Legislativo tendrá respuesta en tiempo y forma a pesar de la dificultades para aclarar cada uno de los puntos.
Mencionó que se buscarán respuestas a responder cada uno de los puntos controvertidos de la actualidad, principalmente el caso de Ayotzinapan, donde se está buscando reunirse con los familiares para dar seguimiento al caso y ver los avances.
Explicó que se tendrá que aclarar el cómo se pudo involucrar el presidente municipal con los grupos criminales. También la inminente destitución del gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero, al confirmarse que en la entidad operan presidentes municipales del PRD con el crimen organizado.
Asimismo, dijo que es de llamar la atención de que los policías municipales hayan hecho largas para someterse al examen de confianza para todos los cuerpos de seguridad y donde muchos no lograron certificarse.
Respecto al Metro, José Francisco Anaya Llamas reiteró que se están haciendo los estudios pertinentes para aclarar el sobrecosto de los trenes porque no se justifica el gasto de 22 mil millones de pesos hasta el 2022 ya que al parecer no se hubiera dado este tipo de transacción por el sobrecosto para la ciudad.
Reiteró que en el caso de Ayotzinapan, deben de involucrarse la PGR, el SISEN y la CNDH, esta última que aún no ha demandado el pleno respeto al derecho para aplicar la ley en este caso.
Ramos Fusther y el legislador Juan Francisco Anaya Llamas pidieron a la CNDH un estricto seguimiento del caso que ya investiga la Procuraduría General de la República.