El coordinador de la comisión del Ejecutivo federal para el río Sonora, Alfonso Navarrete Prida, informó que las autoridades realizan acciones para reparar los daños por el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi e implementan apoyos directos para reactivar la economía local.
Lo anterior, dijo, se realiza con recursos del fideicomiso que solventa Grupo México, y se desarrollan diversos programas que permitirán mejorar las condiciones de vida en la zona, indicó el también Secretario del Trabajo y Previsión Social.
El funcionario federal compareció este jueves ante diputados de la comisión especial que da seguimiento al derrame tóxico de sulfato de cobre sobre el río Sonora, por parte de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., de Grupo México, lo que afectó a siete poblaciones de ese estado, en actividades agrícolas y ganaderas, así como en el consumo de agua.
De este problema, Navarrete Prida comentó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ofrecerá empleo temporal a mil 199 personas que se encarguen de la limpieza y el desazolve de canales de riego y a mil 202 jefas de familia que realicen labores de limpieza de áreas públicas.
Asimismo, se apoyará por lo menos a tres mil 110 personas que serán incorporadas al programa de Pensión para Adultos Mayores, y se llevará el seguro de vida para madres y jefas de familia que lo requieran.
También representantes de Semarnat, Sagarpa, Economía, Conagua y Profepa aseguraron a diputados que el gobierno federal está vigilando las acciones de mitigación por el derrame tóxico en los ríos en cuestión.
LOS PRIMEROS 500 MILLONES DE PESOS
Los primeros 500 millones de pesos del fideicomiso para resarcir los daños causados por el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, se están utilizando para medidas urgentes del desastre ecológico, informó Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y adelantó que cuando se hayan ejercido 450 millones, se renovarán dos mil millones de pesos más, que serán la base del resarcimiento.
El también representante del fideicomiso para atender los daños causados por la empresa minera Buenavista del Cobre, en agosto pasado, explicó que los recursos podrían incrementarse para solventar los problemas de remediación, hasta que se solucione el problema en su totalidad.
Por su parte, el titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Michel Arreola Peñaloza, comentó que “el agua que se abastece en la zona es apta para consumo humano”, de acuerdo con los resultados de la calidad del agua de 22 pozos analizados con base en 66 muestras efectuadas con el procedimiento técnico establecido por la Norma Oficial Mexicana 217 de Salud Ambiental.
“El agua de estos pozos, que representan más del 90% del abasto de las comunidades afectadas por el derrame, no significan al momento riesgos sanitarios”, subrayó.
A su vez, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, comentó que se revisarán las mil 252 minas que existen en el país, donde hay un avance del 40%, y se han clausurado de manera definitiva 30 minas, y que el próximo 25 de octubre, la empresa presentará su programa de remediación y vigilará el cumplimiento de éste.
Mientras que Oscar Pimentel González, Coordinador General de Atención a Emergencias y Consejo de Cuencas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que esa instancia está trabajando en un expediente técnico para instalar plantas potabilizadoras con tecnología de ósmosis inversa, que permita la remoción de metales pesados.
Asimismo, aclaró que se procederá a la apertura de 322 pozos de uso doméstico agropecuario y agrícola, para iniciar el próximo ciclo agrícola con normalidad.
Ricardo Aguilar Castillo, Subsecretario de alimentación y competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), afirmó que para la reparación del daño a los productores agropecuarios, se destinarán 350 pesos por cabeza de ganado y 10 mil por hectárea, a seis mil 825 productores, con un presupuesto de 171 millones de pesos, en la primera etapa.
Mario Alfonso Cantú Flores, coordinador general de minería de la Secretaría Economía, precisó que todas las afectaciones económicas a los comercios, industria y prestadores de servicios en los siete municipios afectados serán solventados.
Detalló que existe un universo de 675 comerciantes, 361 industriales y 390 prestadores de servicios, lo que da un total de mil 426 unidades económicas, a indemnizar en una primera etapa.