Para evitar que en otros estados se repita lo de Guerrero, es necesario que las entidades faltantes homologuen su normatividad con Ley General de Víctimas, promulgada en enero de 2013, porque las regiones que más victimización tienen, coinciden con los que no están armonizados.
Lo anterior lo aseguró el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, tras exhortar a los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos a invitar de manera legal a los estados faltantes a homologar su normatividad.
Comentó que las que aún no han iniciado la adecuación de su normatividad con la ley general son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El funcionario se reunió con los legisladores para presentar un informe sobre el estado de los recursos materiales y humanos del CEAV, las labores de registro de víctimas que realiza y los resultados alcanzados por dicha instancia.
Rochín del Rincón explicó que, en su mayoría, las entidades con un creciente índice de victimización son aquellas que no han homologado su legislación con la Ley General de Víctimas.
“Si uno compara los índices de victimización de la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) es muy llamativo que los estados que más casos de estos han registrado, en buena medida coinciden con los que no están armonizados con la Ley General de Víctimas”, dijo.
La CEAV es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y autonomía técnica y de gestión, encargado de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, y de intervención en la construcción de políticas públicas.
Intervendrá en el caso Tlatlaya
En el caso del supuesto incidente armado entre elementos del Ejército e integrantes del crimen organizado en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, que dejó 22 civiles muertos, Rochín del Rincón señaló que, antes de intervenir, debe esperar a que las autoridades correspondientes definan el número de víctimas, ante la posibilidad de que se haya tratado de una ejecución.
Recordó que, por ese hecho están detenidos y son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), ocho militares y subrayó que, desde un inicio, la Secretaría de Defensa Nacional ha colaborado para dar con los responsables.
Asimismo, manifestó su preocupación debido a que la mayoría de las personas a las que ha dado atención, han declarado violaciones a sus derechos por parte de elementos de las fuerzas armadas.
Comentó que, desde el pasado 29 de septiembre, la comisión ejecutiva ha mantenido presencia permanente en Iguala, Guerrero, para atender a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural "Isidro Burgos" y demás civiles afectados.
Finalmente, comentó que la CEAV se encuentra por terminar el proyecto de atención integral que se les presentará a las víctimas, pedirá que la búsqueda de los estudiantes desaparecidos se intensifique, y definirá si el caso puede considerarse como una agresión a una comunidad en su totalidad.