El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, consideró que la permanencia en el cargo del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, debe encauzarse de manera institucional para evitar protestas violentas en las calles, porque dijo “Miles de personas están pidiendo la destitución del gobernador lo están haciendo en las calles y
lamentablemente lo están haciendo de manera violenta”.
Anaya Cortés señaló que la institución adecuada para plantear la discusión sobre la renuncia de Aguirre Rivero es el Senado de la República, tal como plantea la Constitución, y agregó que los legisladores de su partido en ambas cámaras han “cerrado filas” en torno a ésta.
“Si una vez abierto el debate las fuerzas políticas no deciden votarlo de manera mayoritaria, se tendrá que buscar una solución, pero lo que debe quedar muy claro es que el PAN estará haciendo planteamientos propositivos”, aseveró.
Ante ello, pidió que se dé una oportunidad dentro de un marco democrático para decidir lo que sea mejor para el país, porque en medio de esta discusión, la prioridad es encontrar a los 43 jóvenes que están desaparecidos para lo cual, dijo, “todos tenemos algo que aportar”.
Por su parte, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar y Vega, consideró que no hay elementos para la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, pero dijo que el gobernador debe ponderar la conveniencia de retirarse voluntariamente del cargo.
Recordó que en 1996 el actual mandatario guerrerense. Ángel Aguirre Rivero, asumió interinamente la gubernatura en dicha entidad, “cuando el entonces gobernador estatal, Rubén Figueroa Alcocer -de extracción priista- solicitó licencia en ese año, por lo que Aguirre sabe de la conveniencia de dejar el cargo en aras de la pacificación de Guerrero”.
Figueroa Alcocer solicitó licencia para dejar el cargo de gobernador después de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995, en su tercer año de gobierno.
Escobar y Vega aclaró que, “sin embargo, la separación del cargo de Aguirre Rivero o la desaparición de poderes no bastan para resolver el conflicto en esa entidad”.
Finalmente, propuso “analizar la posibilidad de establecer condiciones para contar con más policías federales en las comunidades municipales, por ejemplo con la nueva gendarmería que está debidamente preparada”.
INSEGURIDAD POR CENTRALISMO
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, consideró que los problemas de seguridad que se viven en gran parte de México se deben al debilitamiento institucional en los municipios, y al centralismo de funciones, como la seguridad, la nómina magisterial y el abasto de medicamentos.
Se pronunció por ello en replantear esta figura desde cero. “Hay que volver al comienzo. El municipio en la Constitución Política se le dieron muchas facultades, es un nivel del gobierno reconocido como libre y soberano, con autonomía, y en los hechos no está operando este ordenamiento, porque no se le han dotado de instrumentos necesarios”, dijo.
Insistió en que desde hace varios años la respuesta de la federación, a este debilitamiento, ha sido el centralismo de funciones: “La tendencia de querer centralizar todo, lejos de resolver el problema lo va a agudizar, en consecuencia, la ruta que se va siguiendo, yo la veo muy riesgosa”.
Por ello, dijo que en la coyuntura actual del país, están a prueba las leyes, el marco jurídico, las instituciones y los mecanismos de toma de decisiones.
“Es el momento de un nuevo comienzo, yo voy a insistir en ese asunto, es el reflejo de una profunda debilidad institucional, en los últimos 20 años los municipios siguen igual o más débiles. No han podido cumplir su función, ahí es donde debe sentarse el debate hacia adelante”, agregó.