El próximo lunes, un grupo de legisladores federales y consejeros nacionales del Partido de la Revolución Democrática acudirán ante la Secretaría de la Función Pública para presentar una denuncia contra el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por incurrir en el delito de omisión en su responsabilidad en el
caso del asesinato del perredista Arturo Hernández Cardona.
Lo anterior anunció, en conferencia de prensa, el diputado federal Alejandro Sánchez Camacho, quien dijo que desde hace un año, cuando ocurrieron los hechos, dirigentes perredistas informaron a la PGR que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, mandó a asesinar a Cardona, y la Procuraduría no hizo nada al respecto.
"Estamos convencidos que si se hubiera actuado en tiempo y en forma, se hubieran evitado estos acontecimientos que lastiman a la sociedad, no sólo del estado de Guerrero, del municipio de Iguala, sino incluso más allá de la nación entera", expuso.
Seguramente de haber actuado oportunamente Murillo Karam, "es altamente probable que se hubiera evitado la desgracia -la desaparición de normalistas de Iguala- que no sólo hoy lástima a la nación sino a todo el mundo", expresó.
Incluso, aseguró, estos acontecimientos "demuestran que hay un Estado fallido en nuestro país".
Señaló que el procurador general de la República omitió investigar este caso que eran de su competencia e ignoró denuncias realizadas en tiempo y en forma.
"Fue puesto en conocimiento de la comisión de diversos hechos constitutivos de delitos y no realizó acción alguna para investigarlos, es claro que incurre en la comisión de delito dado", de acuerdo al artículo séptimo del Código Penal Federal, apuntó.
Por otra parte, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Partido del Trabajo) presentó en San Lázaro una demanda de juicio político contra del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el procurador General de la República por el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
Al respecto comentó: “Existen elementos suficientes para proceder en ese sentido, de acuerdo a las leyes de país”.
Lo anterior, porque a finales del pasado mes de septiembre se registraron en Iguala, Guerrero, la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en lo que estarían involucrados policías municipales e integrantes del crimen organizado.
Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que existen múltiples razones para interponer esta demanda contra el gobernador de Guerrero y dijo que éste tiene responsabilidad en los hechos, mientras que al procurador General de la República lo acusa de omisión, porque “desde hace dos años tenía información que no investigó para atraer el caso”.
Notificó que cuenta con 72 horas para ratificar y ampliar la denuncia de juicio político y que analiza “la posibilidad de incluir a otros probables responsables y dotar de más elementos a los encargados de atender esa demanda, esperando que con ello se detone el trabajo de la Cámara de Diputados en ese sentido”.
Asimismo, recordó que “en 30 días se deberá determinar si procede dicha demanda de juicio político” y externó su confianza de que se actuará en el sentido de su denuncia.