Penas de ocho a 16 años de prisión y multas de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo, se aplicarán a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada.
Asimismo, se aumentará hasta en una mitad las penas previstas cuando se cometa explotación hacia extranjeros, de
conformidad con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Para tal efecto, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Migración donde se destaca que los migrantes son un mercado fructífero para los grupos criminales en México, quedando expuestos a amenazas y secuestros por parte de la delincuencia organizada, para ser sometidos a la explotación o utilizados en actividades delictivas.
“Es por ello que resulta necesario regular las acciones que se están cometiendo en perjuicio de los extranjeros y que las autoridades hagan los trabajos necesarios para hacer cumplir las leyes, y así poder dar resultados y soluciones a las desapariciones de inmigrantes”, señala el documento.
Por tal motivo, este dictamen, también destaca que la reforma tiene como objeto vincular la Ley de Migración con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en materia de explotación y sometimiento a la delincuencia organizada hacia los migrantes.
Lo anterior, a fin de que sean tipificados como delitos en materia migratoria y, de esta manera, “llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos humanos y obtener la reciprocidad que deseamos sea aplicada en beneficio de nuestros migrantes”.
Nuevos programas
de estudios para migrantes
Por otra parte, se notificó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá desarrollar un nuevo modelo de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, para que accedan a los servicios educativos independientemente de su situación migratoria.
Este dictamen, con carácter obligatorio, adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración, y considera que al establecer que la Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, se contribuirá a dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por tal motivo, el convenio plantea garantizar a todos los niños y niñas un modelo de inclusión educativa y social con mayor énfasis en la situación de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.