La cancelación de la licitación ya asignada del tren de alta velocidad México-Querétaro, fue la decisión correcta y ante las sospechas de corrupción y falta de transparencia, el siguiente proceso deberá sujetarse a las nuevas reglas que discute el Congreso en materia de obra pública y combate a la corrupción, consideró el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya.
Porque dijo que “desde que se le asignó la licitación al único postor, se levantaron suspicacias por los presuntos vínculos de las empresas mexicanas que integran el consorcio ganador con Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto”.
La licitación debió haberse cancelado desde un principio, porque los 60 días otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para un proyecto de tal dimensión y costo fueron muy poco tiempo, lo que orilló a declinar a varias empresas interesadas; y debido a que la única propuesta superó en más del 20 por ciento la inversión cercana a los 40 mil millones de pesos estipulada en la convocatoria original.
El legislador recordó que de acuerdo con el estudio “Por un presupuesto realista y sostenible”, presentado recientemente por México Evalúa “de 80 contratos auditados por la Auditoría Superior de la Federación entre 1999 y 2010, las obras fueron 36 por ciento más caras que en el presupuesto previsto y tardaron más del doble del tiempo estimado, lo que pone en evidencia pésima planeación de los proyectos”.
Esta organización especializada en el análisis de las políticas públicas, “el gasto de infraestructura cuenta con una normatividad fragmentada, un historial de retrasos y de desajustes en los recursos y una mínima evaluación de resultados, lo que impacta en la eficiencia del gasto”.
Por todo lo anterior, el nuevo proceso de licitación del tren rápido México-Querétaro se sujete a las nuevas reglas que discute el Congreso de la Unión en materia de obra pública y combate a la corrupción.
Por si fuera poco, dijo, la Cámara de Diputados está en proceso de revisión de la iniciativa de reformas de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados, enviada por el Ejecutivo Federal, donde se plantean nuevos y mejores mecanismos para la evaluación de los proyectos y la ejecución de obra pública, así como adecuaciones a las reglas relativas a los procedimientos de contratación; ejecución de los contratos, y sustanciación de los procedimientos de inconformidad, sanción a contratistas y de conciliación.
Además de que existe un consenso para sacar adelante varias iniciativas encaminadas a combatir la corrupción, y precisó que, de acuerdo con La Encuesta de Fuentes de Soborno 2011, elaborado por Transparencia Internacional, el sector de contratos de obras públicas y construcción obtuvo la peor puntuación en los tres tipos de soborno considerados.