México se ha convertido en el mayor reformador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los últimos dos años, aunque con modificaciones adicionales en ciertas áreas reforzaría su crecimiento, consideró el organismo internacional.
En el “Estudio Económico de México 2015”, presentado hoy aquí, la OCDE plantea que si el audaz y ambicioso paquete de reformas estructurales derivadas del Pacto por México es aplicado de manera plena, se impulsará el crecimiento del país en el mediano plazo.
“Si estas reformas se implementan a plenitud, podrían aumentar la tendencia del crecimiento del PIB per cápita anual en un punto porcentual durante los próximos 10 años”, sostiene el organismo del cual México es integrante desde 1994.
De esta manera, el organismo proyecta una notable mejoría en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México a casi 4.0 por ciento en 2015 y de 4.2 por ciento en 2016, desde una tasa estimada de 2.6 por ciento para el año pasado.
A futuro, prevé, las reformas complementarias podrían ir más lejos para resolver los cuellos de botella estructurales que persistan, pues con la adopción de mejores prácticas sería posible aumentar el crecimiento potencial “en otro punto porcentual anual”.
Subraya que estas reformas adicionales, incluidas la judicial, de salud y la agrícola, aumentarán aún más el crecimiento, al calcular que estos cambios incrementarían el avance del PIB en un punto porcentual.
“A futuro, el principal reto es asegurar la implementación cabal de las reformas y avanzar más en aquellas áreas que no se han abordado y que resultan esenciales para asegurar el éxito del paquete actual”, expone.
La OCDE opina que el Pacto por México es un audaz paquete de reformas cuya finalidad es mejorar las condiciones económicas, impulsar el crecimiento y reducir la informalidad.
Estas reformas, que pasaron por el proceso legislativo, deberían ponerse en marcha plenamente, supervisarse de cerca, evaluarse con regularidad y de ser necesario, ajustarse de manera adecuada, pero “en ciertas áreas deberían plantearse reformas adicionales”, abunda.
De esta manera, recomienda concentrarse en implementar cabalmente el paquete de reformas bajo una atenta supervisión al más alto nivel político y afianzar la calidad de la capacidad administrativa y de la gobernanza en todos los órdenes de gobierno.
Además, reformar las instituciones de justicia, consolidar el estado de Derecho, abordar los problemas de seguridad y reducir la corrupción generalizada con reformas orientadas a la eficacia de las resoluciones judiciales en materia civil, comercial y penal, y reforzar la transparencia de las licitaciones públicas.
También recomienda mejorar y simplificar el acervo actual de regulaciones, así como su calidad, a niveles local, estatal y nacional, así como eliminar gradualmente las restricciones a la propiedad y al traspaso de tierras ejidales y, al mismo tiempo, brindar más apoyo al ingreso rural y al acceso al financiamiento.
El organismo internacional indica que el elevado nivel de desigualdad ha conducido a muchas familias a la pobreza, con poco acceso a educación y a atención médica de calidad, lo cual afecta las perspectivas de crecimiento de largo plazo.
Sin embargo, reitera que “las reformas recientes ayudarán”, por lo que sugiere mejorar la equidad y la eficacia del gasto en educación mediante su reorientación hacia la educación preescolar, primaria y secundaria, así como concentrarse en mejorar la calidad de la docencia.
De igual forma, considera necesario promover el acceso a atención médica de calidad a través de una mayor coordinación entre las instituciones de salud para reducir las redundancias, y en especial, fomentar el intercambio de servicios entre redes de atención médica.
Sugiere favorecer una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral formal mediante un mejor acceso de niños menores de tres años a guarderías de calidad, y ampliar las políticas orientadas al mejoramiento del mercado laboral.
Asimismo, añade, aprobar las iniciativas de ley de seguro de desempleo y pensión universal a fin de proteger del riesgo de pérdida de ingresos a quienes buscan una fuente de trabajo y a las personas de mayor edad, así como para reducir la desigualdad.
La Organización propone expandir al máximo el nuevo programa Prospera, de transferencias de efectivo para ayudar a sus beneficiarios a ampliar sus capacidades, concluir sus estudios, incorporarse al sector formal y conseguir empleos bien remunerados.
En su estudio económico sobre México, la OCDE incluye recomendaciones adicionales, como promover clústers industriales de alta tecnología, con vínculos con universidades y mecanismos de inversión en etapas iniciales.
De igual manera, atender las regulaciones prevalecientes en materia de telecomunicaciones, que -apunta- condicionan el acceso al mercado a esquemas de reciprocidad.
En materia ambiental, invita a evaluar el nuevo impuesto al carbono e incrementarlo si se considera insuficiente, además de aprobar la ley sobre energías renovables, adoptar medidas para cumplir con los objetivos hacia 2024 para que 35 por ciento de la generación se realice con energías renovables.
También propone continuar con la eliminación gradual del subsidio a la gasolina para que los precios del combustible sean liberados por completo en 2018.