Los esfuerzos del gobierno federal mexicano para combatir la corrupción deben extenderse a los estados y municipios, para construir una política nacional de integridad, recomendó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño.
En un comunicado, el funcionario reconoció las acciones del gobierno mexicano para combatir la corrupción y expresó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está dispuesta a apoyar a México en este importante empeño.
“Los esfuerzos para abatir la corrupción y construir una cultura de integridad y rendición de cuentas en el gobierno federal deberían extenderse al nivel subnacional de estados y municipios, a fin de lograr una política nacional de integridad en México”, argumentó.
Exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a continuar con el combate a la corrupción y a fortalecer la integridad del sector público, y ofrece su pleno apoyo a la implementación de las reformas recientes en esta materia.
En abril pasado, la OCDE anunció su colaboración con la SFP para la implementación de las medidas derivadas de una serie de Acciones Ejecutivas, emitidas en febrero de este año por el presidente Enrique Peña Nieto.
Dichas Acciones Ejecutivas disponen un mayor alcance de la declaración por parte de los funcionarios públicos sobre conflictos de interés, así como el establecimiento de códigos de conducta más estrictos, tanto como mayor transparencia, particularmente en compras gubernamentales, dijo.
Gurría recordó: “México ha iniciado una amplia campaña en varios ámbitos para hacer frente a la corrupción y edificar una cultura de la integridad en el gobierno federal.
“De implementarse de manera efectiva e incluyente, estas iniciativas tienen el potencial para transformar la agenda de integridad en México”, subrayó el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores mexicano.
De acuerdo con el funcionario, “la OCDE hará lo que pueda para acompañar a México a lo largo de este proceso, mediante el monitoreo referido a las mejores prácticas internacionales y haciendo recomendaciones para cerrar las brechas de implementación que frecuentemente afligen a las reformas de gran calado”.
Además de analizar los nuevos requerimientos para la declaración de conflictos de interés, la OCDE también analizará las políticas de denuncias, los nuevos códigos de conducta emitidos por la SFP y las políticas para auditoría y control internos, señaló.
El secretario general de la OCDE resaltó que la SFP ha actuado con rapidez para avanzar en la implementación, y “ya se requiere a los servidores públicos el declarar conflictos potenciales o reales de interés, tanto por cuenta propia, como de sus familiares cercanos”.
Esta extensión del alcance de la declaración -que además incluye bienes y cargos externos- hace de la manifestación obligatoria de conflictos de interés por parte del gobierno federal de México una práctica similar al estándar que caracteriza a los países de la OCDE, añadió el funcionario.