El gobierno federal y la industria de vinos y licores firmaron un acuerdo de colaboración para combatir el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, el cual representa 43 por ciento del mercado total y provoca pérdidas fiscales millonarias.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que el convenio entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la industria de vinos y licores es una extensión de un acuerdo similar, firmado en febrero pasado con el Consejo Regulador del Tequila.
En la firma del acuerdo y el lanzamiento de la campaña “Juntos contra la ilegalidad”, destacó que en este esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado se apuesta a fortalecer la legalidad, “empoderando” a la ciudadanía mediante el uso de nuevas tecnologías.
En ese sentido, detalló que a partir de 2014 los marbetes -etiquetas en vinos y licores importados y nacionales que certifican su legalidad- cuentan con trazabilidad, que mediante una aplicación en un teléfono inteligente se pueden verificar su autenticidad.
Resaltó que la reforma de telecomunicaciones está acelerando la penetración de nuevas tecnologías “que le dan poder al ciudadano para, en este caso, verificar la legalidad de los productos que adquiere”, tales como vinos y licores.
Videgaray Caso señaló que estas acciones responden a una problemática concreta y dan mejores condiciones, a fin de sumar a la ciudadanía a los esfuerzos del gobierno y del sector privado de promover la legalidad, y son una forma de darle “empoderamiento”.
Mencionó que como parte de las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal en conjunto con el sector privado para promover la legalidad, ya se han logrado resultados concretos en las industrias del calzado, textil y vestido, y automotriz.
El encargado de las finanzas públicas informó que de agosto de 2014 a la fecha se disminuyó 78 por ciento la importación de calzado subvaluado y crecieron 26 por ciento las exportaciones a Estados Unidos.
En tanto que de febrero a mayo de este año bajó 90 por ciento la importación de mercancías subvaluadas en la industria textil y del vestido, y aumentaron más de 10 por ciento las exportaciones de estos productos a Estados Unidos.
En la industria automotriz, en este año se ha reducido 74 por ciento la importación ilegal de vehículos, lo que ha contribuido a un incremento de 21 por ciento en las ventas domésticas de vehículos nuevos.
Por su parte, el presidente de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), Ángel Abarrategui Diez, apuntó que productores, importadores y comercializadores de bebidas alcohólicas en México están complacidos de formar parte de este acuerdo.
Y es que de acuerdo con un estudio, el mercado de bebidas alcohólicas ilegales en México se ubica en 187 millones de litros, que a su vez representan 43 por ciento de ilegalidad en el mercado total.
“Esta cifra en el mercado total de bebidas alcohólicas no es un asunto menor, se requiere que toda la industria formal y el gobierno nos unamos en una cruzada que nos permita tomar las acciones más efectivas y contundentes para combatir este mal”, sostuvo.
Abarrategui Diez señaló que para la Secretaría de Hacienda, el impacto de la producción y el comercio ilegal se ha traducido en una perdida fiscal anual muy relevante.
Ello, pues tan solo por concepto de los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) en la industria, la pérdida fiscal ascendió en 2014 a más de seis mil 300 millones de pesos.
“La ilegalidad es una práctica nociva que afecta a todos, desincentiva las inversiones de la industria, inhibe la generación de nuevas fuentes de empleo productivas y bien remuneradas, y nos resta competitividad como sector económico”, aseveró.
Además, causa un golpe contra de las finanzas públicas del Estado, por la evasión en el pago de impuestos y por la falta de cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo cual el compromiso de la industria de vinos y licores en seguir colaborando contra la ilegalidad.
A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, refirió que el objetivo de la campaña “Juntos contra la ilegalidad” es que los consumidores verifiquen que los productos que adquieren sean legales.
“Debemos tener presente que la piratería es un cáncer que afecta severamente a nuestra industria y al comercio establecido, y las afectaciones de esta actividad se relacionan íntimamente con el contrabando y fenómenos de competencia internacional desleal”.
Más allá de lo económico, sostuvo el dirigente del sector privado, la piratería se ha convertido en una arista crítica en el desafío de la seguridad pública y con ello, para la gobernabilidad.