El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, señaló que las recurrentes brechas entre los recursos aprobados por los legisladores para las prioridades de gasto en materia de desarrollo social, y los montos finalmente ejercidos, denotan la necesidad de lograr una mayor congruencia entre ambos, a fin de contribuir a disminuir la desigualdad económica y social.
Destacó que si bien, del 2008 a la fecha, el gasto destinado a funciones sociales concentra más del 50 por ciento del Gasto Programable de la Federación, “no ha sido suficiente para reducir la pobreza y propiciar la prosperidad del país planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”.
Por el contrario, explicó, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el gasto social en México es muy bajo para eliminar la pobreza y hacer que la sociedad sea más incluyente; en consecuencia, apuntó, resulta contradictorio que aun cuando el Congreso aprueba recursos para las prioridades de gasto, e incluso concede ampliaciones sobre las propuestas de gasto originales del Ejecutivo, no se ejerzan en su totalidad.
En el documento “El rezago presupuestal en las prioridades de la política de gasto”, el CEFP puntualizó que las preferencias de estas acciones gubernamentales se refieren a la atención de las necesidades de los grupos más vulnerables, en términos de salud, educación, y desarrollo social y rural, entre otros.
Indicó que más del 50 por ciento del Gasto Programable se concentra en funciones de desarrollo social. El 46.2 por ciento de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y nuestro país tiene el mayor índice de desigualdad del ingreso entre los miembros de la OCDE.
La mejora de las condiciones de vida del grueso de la población, recordó, es un requisito necesario para asegurar la prosperidad económica de cualquier país.
En consecuencia, continuó, el gasto público en pro de la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, no sólo es un tema de derechos humanos y sociales, sino constituye una condición imprescindible para avanzar en el desarrollo sostenible de la economía.
El CEFP afirmó que en México se observa un persistente estancamiento económico, con crecimientos anuales del Producto Interno Bruto (PIB) inferiores a 3 por ciento que, en gran parte, es reflejo de la desigualdad social imperante en el país, donde el 46.2 por ciento de la población se ubica en situación de pobreza, pese a la política de gasto social vigente. Eso denota que los recursos públicos “o no se están focalizando adecuadamente o son insuficientes”, señaló.
De acuerdo con el CONEVAL, entre 2012 y 2014 la población vulnerable por ingreso pasó de 6.2 a 7.1 por ciento, lo que en términos absolutos implicó un millón de personas más en esta situación. Asimismo, destaca el hecho de que las condiciones de pobreza y desigualdad son aún peores para ciertos grupos de población, como indígenas, mujeres y adultos mayores.
En este contexto, resulta evidente que los avances en la reducción de la pobreza y desigualdad social de la política de gasto vigente son aún escasos e insuficientes, más aún porque no ha ido acompañada por políticas de crecimiento económico inclusivo y sostenible, que genere empleo y trabajo de calidad, protección social y desarrollo sostenible, elementos básicos contra la desigualdad y reducción de la pobreza, aseveró.
Por el contrario, argumentó, se observa un deterioro constante en el ingreso de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, el ingreso corriente total trimestral de los hogares decreció en 3.2 por ciento, en relación con el de 2012.