Los mercados financieros le han dado un “voto de credibilidad” a las políticas macroeconómica y fiscal anunciadas por el ganador de la elección presidencial,
Andrés Manuel López Obrador, a dos semanas de la jornada electoral en México, destacaron ejecutivos de finanzas.
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Luis López Macari, afirmó que el resultado electoral ha reducido sustancialmente la volatilidad en los mercados financieros, como se ha visto en la recuperación del peso frente al dólar.
No obstante, precisó, aún existe incertidumbre sobre la implementación de las propuestas de la próxima administración, principalmente con los programas sociales, el de ahorro y de recorte salarial en las dependencias públicas, así como en la descentralización de la administración federal.
“De alguna forma nos mantienen vigilantes y atentos a qué y cómo se pretende hacer, y los procesos que se tendrán que dar para que la implementación se realice de una manera normalizada, ordenada y estructurada”, subrayó en la rueda de prensa mensual del organismo.
El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Federico Rubli Káiser, dijo que los mercados han reaccionado favorablemente, porque desde antes de haber ganado la elección, López Obrador fue muy enfático en el respeto de la disciplina fiscal, generar un superávit primario en las finanzas públicas, lo cual ha sido reiterado por su equipo.
Comentó que esto ha dado cierta tranquilidad a los mercados financieros y por eso muestran una relativa tranquilidad, porque en este momento le otorgan el “beneficio de la duda” hasta no ver más en concreto la elaboración del Presupuesto de 2019.
“Le han dado un voto de credibilidad a su política macroeconómica, a su política fiscal que dicho sea de paso es una política sensata de tintes más o menos ortodoxos, sensato”, subrayó el economista del IMEF.
Por su parte, el presidente del IMEF estimó que la política de recorte salarial en el gobierno afectará a más de siete mil servidores públicos, y los ahorros que se logren con ellos podrían ser insuficientes para afrontar los programas asistenciales propone la próxima administración.
“La estimación es que se requieren arriba de 500 mil millones de pesos y que este recorte salarial podría aportar si acaso como cinco mil millones de pesos. Esto nos lleva a la reflexión: ¿de dónde se va a sacar el dinero que hace falta?”, agregó.
En opinión de los ejecutivos de finanzas, estos recursos se pueden obtener a través de una reorientación del gasto, para lo cual los programas sociales existentes se enfoquen a cumplir los programas propuestos por López Obrador.
Además, la próxima administración debe trabajar en el ejercicio del gasto sobre un presupuesto base cero y mantener un superávit primario, pero sin aumentar la deuda o crear nuevos impuestos para cumplir con los programas para duplicar el monto de la pensión a adultos mayores y otorgar becas a jóvenes, a lo que se ha comprometido López Obrador.
Estimó que con la disminución salarial a los servidores públicos, el programa de ahorros y plan de austeridad anunciados por López Obrador, podría haber espacios para generar eficiencias en el gasto, pero “va a ser insuficiente” para cumplir las promesas de campaña.
Ante ello, consideró López Macari, se debe identificar cuál será el programa económico y financiero del próximo gobierno para hacerle frente a estos compromisos.
A su vez, Rubli Káiser dijo que muchas de las medidas anunciadas por López Obrador son muy vistosas para la opinión pública pero generan muy pocos ahorros, entre ellas de cancelar las pensiones a los expresidentes o recordar el salario del próximo jefe del Ejecutivo.
Por ello, el IMEF propuso cancelar definitivamente del Presupuesto el Ramo 23, conocido como el de “los moches”, pues su destino es discrecional y con ello se podrían ahorrar entre 200 y 300 mil millones de pesos, que es casi la mitad de lo necesitará el siguiente gobierno para sus programas sociales prometidos.
Estimó que con el programa de becas por tres mil 600 pesos mensuales a casi tres millones de estudiantes costará entre 0.8 y 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras ampliar el monto de la pensión a los adultos mayores y su cobertura costaría 0.7 por ciento del PIB.
Así, para estos dos programas se necesitará en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 en recursos adicionales 1.5 por ciento del PIB, para lo cual habrá que “rascarle a los ahorros”.