El Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, en voz del senador Clemente Castañeda Hoeflich, propuso implementar nuevos y mejores mecanismos de
transparencia, rendición de cuentas, supervisión y prevención de hechos de corrupción en los procedimientos de adquisiciones.
El senador comentó que se propone la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, que estará encargado de la planeación a mediano y largo plazo, y de generar políticas para un mejor uso de recursos y promoción alternativa del uso de la tecnología.
Se faculta y obliga a los Órganos Internos de Control de los entes públicos contratantes realicen diligencias para verificar la existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes, y con ello evitar fraudes y simulaciones, por parte de empresas fantasma.
La propuesta plantea fortalecer la transparencia mediante la creación de un Portal de Difusión de Adquisiciones como medio de acceso a la información para la sociedad, publicar la información de las empresas que son subcontratadas por parte de la empresa adjudicada, y precisar los montos y conceptos subcontratados con terceros.
Se prevé fortalecer la participación ciudadana y rendición de cuentas, así quienes participen en adquisiciones, arrendamientos, y servicios del sector público, deberán registrarse en el Sistema de Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dichos servidores deberán publicar anualmente su declaración patrimonial, de interés y fiscal en el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción.
Respecto a la competencia económica, el senador explicó que en caso de empate por parte de los competidores, se decretará un ganador cuando una propuesta presente mejores condiciones para la preservación del medio ambiente.
La iniciativa plantea un porcentaje máximo del 20 por ciento en la adjudicación de contratos por la vía de invitaciones restringidas o de adjudicación directa, actualmente este tope es del 30 por ciento.
El proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se turnó a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos.