A un año de que el gobierno federal declarara el inicio del procedimiento de rescate de la banda 2.5 Gigahertz (Ghz), la indefinición sobre el destino de esta parte del espectro parece dejar un saldo negativo para el mercado y los usuarios, coincidieron especialistas del sector.
En opinión del presidente de la Asociación de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel), Alejandro Mayagoitia, "el daño de todo esto es grande para los inversionistas y el país, detener una banda así es muy grave, sin embargo el esfuerzo de la presente administración de darle la importancia al tema nos da esperanza".
Dijo que la recién aprobada reforma en telecomunicaciones presenta la banda de 2.5 Ghz como un tema prioritario que podría encabezar la agenda del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a partir de la elaboración de una política de administración de espectro.
"No se puede hablar de una solución de la banda de 2.5 Ghz sin que se establezca una política general de espectro y quisiéramos que fuera rápido, sabemos que es una tarea de considerable prioridad", señaló.
Para la presidenta de Observatel, Irene Levy, el inicio de procedimiento de rescate de agosto pasado fue una más de las decisiones erradas que se tomaron en materia de telecomunicaciones durante la pasada administración.
"Fue un proceso que despertó muchas dudas, la figura del rescate no era aplicable de la manera que lo hicieron, esta es una historia más de largas incertidumbres, procedimientos truncos, falta de transparencia, es fundamental que se resuelva pronto", opinó.
Frente a los cambios constitucionales en el sector, dijo, hay lugar para establecer mejores fórmulas relacionadas con la renovación de concesiones que eviten insertar bienes como esta banda en procesos que generan incertidumbre para el mercado.
"Se requiere un plan inicial pero se tendrá que esperar a que resuelva el Poder Judicial, es cierto que en este tiempo el gobierno no ha tenido recaudación ni hay beneficio para los usuarios", subrayó Levy.
Fue el 8 de agosto de 2012, cuando el entonces titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, anunció la negativa a la prórroga de las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz y el inicio del procedimiento de rescate de las concesiones vigentes que están en manos de la empresa MVS Comunicaciones y de 10 concesionarios más.
A partir de entonces, ni la empresa de la familia Vargas, las 10 empresas que poseen la tercera parte de la banda 2.5 Ghz y que se encuentran afiliadas a la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel), ni el propio gobierno pueden hacer uso de este bien.
El pasado 22 de julio, el actual subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Ignacio Peralta, comentó que no existe aún una definición de política pública para esta parte del espectro, considerada de suma importancia por organismos internacionales como la OCDE y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
"Lo que queremos, simple y sencillamente, es darle continuidad al proceso administrativo-jurídico que se inició en la administración pasada, en agosto del año pasado y, posteriormente, que tengamos una certeza o una mayor claridad en cuanto a qué le va a pasar a ese espectro y su disponibilidad", afirmó el funcionario en su momento.
Cabe señalar que a finales de la década de los 90, MVS Comunicaciones obtuvo en un proceso de licitación 62 concesiones, equivalentes a 190 Mhz en esta banda para el despliegue de servicios de televisión restringida vía microondas.
Sin embargo, los avances de la tecnología permiten que en este espectro se puedan ofrecer servicios de banda ancha con velocidades superiores a las que se alcanzan con la actual Tercera Generación (3G).
Si bien, la banda de 2.5 Ghz no es la única opción para desplegar servicios de banda ancha en el país, pues existen otras partes del espectro como la ubicada en los 700 Mhz, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomendó estandarizar la habilitación del espectro a nivel mundial.
Por ello, en 2007 el organismo internacional sugirió que la banda de 2.5 Ghz sea utilizada para servicios de banda ancha móvil, lo que explica el reordenamiento de este espectro que pretende llevar a cabo el gobierno federal para aprovechar las ventajas de tecnologías como Wimax y LTE.