Al cierre del primer semestre del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podría tener listo el censo de casas de empeño que operan en el país, en beneficio de los pignorantes mexicanos.
En entrevista, el subprocurador jurídico de la dependencia, Carlos Hugo Castellanos, resaltó que desde el pasado viernes, la procuraduría realiza un operativo nacional de verificación en casas de empeño e Instituciones de Asistencia Privada (IAP), ante el incremento de la demanda en servicios que prestan estas instituciones durante la “cuesta de enero”.
El domingo colocó sellos de suspensión de actividades comerciales en sucursales del Nacional Monte de Piedad y de Fundación Rafael Dondé en la capital del país, por infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor y Normas Oficiales Mexicanas. Además, impondrá una sanción a Montepío Luz Saviñón por su negativa a la visita de verificación.
El funcionario explicó que el objetivo del operativo es verificar el comportamiento comercial de estos establecimientos a favor de los pignorantes; así como levantar un censo que estará listo al cierre del primer semestre del año.
El subprocurador jurídico de la Profeco precisó que es la Dirección General de Contratos de Adhesión quien tendrá a cargo el registro de las casas de empeño.
Dentro de los requisitos importantes que solicita la Profeco para la petición del registro es que los socios y/o dueños cuenten con carta de Antecedentes NO Penales, a fin de evitar lavado de dinero.
El 16 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto legislativo que modifica y adiciona varios dispositivos a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), con el fin de ejercer un mayor control sobre las casas de empeño.
De acuerdo con el documento, en julio pasado venció el plazo para que las 700 mil casas de empeño que existen en el país se inscribieran al Registro de Casas de Empeño de la Profeco.
Ello implica que las casas de empeño que funcionen fuera de la normatividad puede ser sancionadas con multas de hasta casi 2.5 millones de pesos.
“Las casas de empeño contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Decreto”, señala el segundo transitorio del texto publicado en el Diario Oficial el 16 de enero del año pasado.
Posteriormente, el 11 noviembre de 2013 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño.
En ese mismo, mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Profeco también tiene facultades de vigilancia, verificación y sanción en las IAP, porque realizan actividades mercantiles.