El sector empresarial pidió al Legislativo tomar en cuenta las opiniones de los sectores involucrados en la discusión de las leyes secundarias de las reformas, en especial la iniciativa de Ley de Competencia Económica, que en su opinión incluye disposiciones que afectan la garantía de seguridad jurídica.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que plantearán propuestas para que el marco legal sobre competencia económica asegure los derechos constitucionales de los particulares ante posibles abusos de la autoridad.
En el documento “la Voz del CCE”, argumenta que la iniciativa pone en riesgo la autonomía constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y coarta la libertad del mercado con riesgo de regresar al control de precios.
Expuso que una vez analizada la iniciativa enviada la semana pasada al Congreso, el sector está preocupado porque se incrementan las facultades del Ejecutivo para crear nuevas condiciones de competencia a través de decretos o de instruir al regulador.
“Nos preocupa que no se establezca claramente el alcance de las facultades de la Cofede para regular los mercados; igualmente, las indefiniciones y consecuencias del manejo de conceptos como insumos esenciales, barreras a la libre concurrencia y barreras a la competencia económica, así como las atribuciones para regularlos”.
De igual manera, dijo que observaron márgenes para la discrecionalidad en procedimientos para determinar situaciones como poder sustancial o dominancia.
En su opinión, todo ello va en contra de fundamentos del libre mercado, con riesgos evidentes como un posible regreso a políticas de control de precios, que tantas distorsiones han generado en el pasado. De hecho, dijo, la iniciativa crea condiciones para que el Ejecutivo y la Cofece controlen a cualquier agente económico.
Gutiérrez Candiani dijo que la procuración de un entorno sano de competencia y la certidumbre legal que requiere la inversión y el desarrollo económico no tienen porqué ser objetivos excluyentes y México requiere de ambos.
Derivado de lo anterior, señala, el sector planteará alternativas y propuestas para que el marco legal sobre competencia económica asegure los derechos constitucionales de los particulares ante posibles abusos de la autoridad.
Asimismo, asegure que existan medios de defensa efectivos; garantice el Estado de derecho y el respeto al principio de libre mercado; faculte al Poder Judicial para revisar las resoluciones; y que se sancione en función de prácticas anticompetitivas probadas y no de consideraciones discrecionales.
“Apoyamos plenamente la implementación de todas aquellas medidas que contribuyan a un mejor funcionamiento de los mercados, al que siempre puedan incorporarse participantes que aporten capital nuevo, innovación y renovados procesos de negocio, productos y servicios”, reitera el dirigente empresarial.
Aclara que cuando se extraen excedentes de los consumidores, individuos o empresas, a través de prácticas monopólicas u oligopólicas, la economía ve mermado su dinamismo o acaba sin crecer.