De los 114 millones de habitantes en México, unos 79 millones son vulnerables a riesgos catastróficos de la naturaleza, es decir, casi 70 por ciento de la población, alertó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El director general de la AMIS, Recaredo Arias, señaló que México es de los países más expuestos a las catástrofes naturales, pero en contrapartida, se tiene que trabajar mucho en la cultura de la prevención y el aseguramiento, pues la penetración todavía es baja.
En el marco de la 24 Convención de Aseguradores de México, detalló que 26 millones de personas en México están expuestas a todo tipo de riegos, como son terremotos, inundaciones y huracanes, entre otros.
En rueda de prensa, agregó que 32 millones de personas están expuestas sólo a riesgos hidrometeorológicos y 21 millones más a fenómenos geológicos, como terremotos y erupciones volcánicas.
Así, apuntó, de los casi 114 millones de habitantes del país, prácticamente 79 millones de personas son vulnerables a diversos tipos de riesgos catastróficos de la naturaleza, lo que representa casi 70 por ciento de la población.
Ante ello, dijo, las propuestas concretas de la AMIS sobre estos riesgos catastróficos son: La armonización y homologación de los códigos de construcción, y trabajar en la elaboración de un Atlas de riesgos, pues se necesita hacer un estudio integral.
Asimismo, seguir coadyuvando con las autoridades en la parte de educación, protección civil y educación financiera, para que las personas tomen conciencia de los riesgos a los que están expuestos.
En tanto, las propuestas de la AMIS en materia de seguros son: Buscar una forma distinta de cómo usar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sobre todo entre la población vulnerable.
El propósito es que no solamente se tomen medidas para atender las emergencias, sino tener mecanismos de protección en los cuales haya mitigación de pérdidas y se resarza a las personas las cosas que perdieron, a fin de que se dé una indemnización completa.
Para ello, puede diseñarse un microseguro a nivel nacional para el grupo de la población vulnerable y la de bajos ingresos, el cual tendría un componente muy importante de subsidio a la prima utilizando los recursos del Fonden, lo que contribuiría a tener un mecanismo resarcitorio completo.
Arias también planteó la necesidad de profundizar más en el aseguramiento de infraestructura pública, y diseñar mecanismos de seguro más homogéneos para hacer frente a los riesgos que les corresponde cubrir a los estados y municipios.
MECANISMO INDEMNIZATORIO
Por su parte, el nuevo presidente de la AMIS, Mario Vela Berrondo, propuso que se amplíe a nivel nacional un seguro de protección a las víctimas de accidentes viales, como una política pública que proteja a quienes resulten afectados, como peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.
De esta forma, el gobierno se beneficiaria de tener un seguro que serviría como un mecanismo indemnizatorio para las víctimas en accidentes de tránsito y sus familiares, y ahorraría una cantidad importante de recursos.
Destacó que habría un ahorro de juicios y recursos valiosos, al disminuir la posibilidad de acudir a un juzgado a demandar a los dueños responsables del accidente, con el apoyo de una guía de deslinde de responsabilidades que ha generado la AMIS.
Con este seguro, detalló, el gobierno dejaría de pagar costos de atención a personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de accidentes viales, por 36 mil millones de pesos.
Adicionalmente, las aseguradoras se harían cargo de reparar o reponer los bienes dañados, lo que representa un monto que asciende a 16 mil millones de pesos, lo que en conjunto sumaría un ahorro total para el gobierno de 52 mil millones de pesos.
A ello, habría que sumarle la creación del empleo formal por tener más gente asegurada, el pago de impuestos y la reducción de evasión de obligaciones fiscales, resaltó el dirigente del sector asegurador.
Destacó que un seguro de protección a las víctimas de accidentes viales a nivel nacional también ayudaría a hacer más eficiente al sistema de procuración de justicia, pues disminuirían las denuncias ante el Ministerio Público por estos casos.
“Creemos que debemos crear una política nacional de seguros de responsabilidad civil que garantice la seguridad y protección a las víctimas de accidentes viables, liberar parte importante de la carga económica que tienen hoy los gobiernos, el sector asegurador asumiría los costos de accidentados en hospitales y clínicas públicas”, anotó.