Guerrero.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) el desistimiento de la acción penal a favor de los líderes de la comunitaria, Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava.
Ambos dirigentes de la policía comunitaria, que opera en la zona de la Costa Chica, fueron detenidos el pasado 30 de abril tras un enfrentamiento con elementos policiacos del estado, en Ometepec, con un saldo de ocho muertos, seis de los cuales fueron comunitarios, y dos elementos estatales.
Alberto Muñoz Guzmán, abogado de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala informó que no hay elementos para que permanezcan encarcelados los dirigentes de la CRAC, porque llevaban detenido a un presunto delincuente de nombre Noé Marroquín Reyes, vinculado presuntamente con el tráfico de drogas.
El abogado acusó al gobierno del estado de protección a personas vinculadas con la delincuencia, porque hay elementos, dijo, Muñoz Guzmán para asegurar que lo ocurrido el 30 de septiembre en Ometepec, zona de la Costa Chica, que los policías estatales, rescataron a un presunto traficante.
En el encuentro con el titular de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se le pidió a la defensa una petición certificada, para poder considerar el desistimiento de la acción penal a favor de Eliseo Villar Castillo.
También se pidió protección para los sobrevivientes de los hechos violentos del 30 de abril, entre ellos el del encargado de la coordinación de la CRAC, Fructuoso Sánchez Cruz, quien resultó ileso de los hechos, sobre la petición, el fiscal le dijo a la defensa que primero se tiene que determinar si son víctimas.
Mientras que en la reparación del daño que se le pide al Estado, en torno a los seis integrantes de las guardias comunitarias, quienes perdieron la vida, también se analizará el caso, para ello será sometido al procedimiento correspondiente.
Previo al encuentro en una conferencia de prensa, el abogado Alberto Muñoz Guzmán adelantó que de no tener una respuesta favorable por parte de la Fiscalía General, se presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para buscar protección a los líderes comunitarios.