Cuatro de los siete militares consignados por la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, saldrán en libertad al no acreditarse su responsabilidad en los hechos, aseguró el abogado Juan Velázquez.
El litigante, quien lleva el caso de los siete procesados actualmente recluidos en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, afirmó que las pruebas contra los elementos del Ejército fueron fabricadas por supuestos defensores de derechos humanos. Por ello, aseguró que están por salir cuatro de los siete militares, y los otros tres podrían hacerlo en el corto tiempo.
Entrevistado en Radio Fórmula, Juan Velázquez afirmó que el miércoles pasado un tribunal unitario de circuito ordenó la liberación de cuatro de los siete militares procesados por su presunta participación en ocho de las 22 personas asesinadas en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, hecho ocurrido el 30 de junio del 2014.
Cabe destacar que por el caso Tlatlaya, desde el 31 de octubre del 2014 se encuentran recluidos en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en el Distrito Federal, los elementos del Ejército: Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Alan Fuentes Guadarrama, Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.
“Originalmente la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a ocho militares por el caso Tlatlaya. Cuatro veces, el juez al que se le consignó el asunto, negó las órdenes de aprehensión que la procuraduría solicitaba. A final de cuentas, la PGR insistió, instigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en una quinta ocasión libró orden de aprehensión contra ocho militares”.
Explicó que los ocho militares originalmente detenidos fueron puestos a disposición Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, y a uno de ellos, el juez lo puso en libertad, porque había sido herido y constató que se había quedado afuera de la bodega.
Precisó que los siete efectivos apelaron la formal prisión ante un tribunal unitario de circuito, el cual “el miércoles revocó la formal prisión y le ordenó a un juez de primera instancia federal que resolviera la situación en el término constitucional de 72 horas”, que se cumplieron el viernes pasado.
De tal manera, el viernes pasado el juez federal determinó la libertad de cuatro de los siete militares “porque no encontró una sola prueba de su responsabilidad penal en esa supuesta ejecución”.
Dijo que no obstante del auto de libertad otorgado por el juez civil, siguen enjuiciados en el fuero militar por delitos militares, pero que permiten libertad bajo caución.
“En el fuero civil ya están en libertad y en el fuero militar, en un ratito lo estarán. Están detenidos todavía en la cárcel militar”, precisó.
Sostuvo que los dichos “de tres mujeres no sólo se han contradicho entre ellas, sino ellas mismas a su vez”, y añadió que las pruebas contra los militares fueron “fabricadas” por “gente que está atrás de estas mujeres que alentó un reportaje, una entrevista, tres meses después de sucedidos los hechos y que tienen el propósito de incriminar a la mala a estos soldados”.