OAXACA, Oax. Reunidos en el Segundo Encuentro de Autoridades Municipales y Agrarias en Asunción de Nochixtlán, ediles de al menos 45 municipios de Oaxaca condenaron el ultimátum de la Secretaria de Gobernación (Segob), y la postura de “cerrazón y represión” que han manifestado los gobiernos federal y estatal contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y organizaciones sociales que protestan contra la Reforma Educativa.
“Si tocan a un maestro o a un ciudadano, el pueblo de Oaxaca se alzará, nos vamos de frente con la lucha que ya no es magisterial es social a partir del 19 de junio” dijeron los ediles en respuesta al ultimátum del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.
Después de 13 días de los crímenes ocurridos durante el enfrentamiento entre policías federales y manifestantes, exigen a los gobiernos se investigue y castigue a los responsables de estos hechos ocurridos el 19 de junio.
En tanto han considerado construir una agenda común que unifique a los pueblos y maestros.
“La agenda no es sólo para solidarizarnos con ellos sino para que las necesidades y demandas de los pueblos se incorporen y sea una lucha de apoyo recíproco”, argumentan.
Aunque también se escucha una advertencia: “no se vale negociar a costa de los muertos, eso es nefasto”.
La realidad dicen, es que los pueblos han puesto los presos, los torturados y los muertos en las luchas magisteriales y populares por lo que ahora parecen dispuestos a exigir al magisterio el saneamiento de sus filas para fortalecer este movimiento que han dicho ya no es una lucha sólo de los maestros, es la lucha de los pueblos de Oaxaca.
Durante el encuentro realizado en el edificio de las Misioneras de la Acción Católica de la Inmaculada Concepción con Sede en Asunción Nochixtlán exigieron también una mesa de solución a las demandas del magisterio nacional, principalmente la abrogación de la reforma educativa.
De la misma manera se respeten sus territorios, sistemas normativos internos, la biodiversidad de sus pueblos, el derecho al agua y a los medios de comunicación comunitarios, entre otros derechos de los pueblos originarios.
Aclararon que no existe desabasto como han insistido en los medios de comunicación nacionales “es una campaña mediática del gobierno para justificar la represión”, expusieron; y llamaron a representantes y dueños de los medios a asumir una actitud ética que sume esfuerzos para superar el conflicto.